Inquietud por Ecuador

Por Eduardo Ulibarri
El Nuevo Herald

Estamos de acuerdo: los medios de comunicación, sus propietarios y periodistas, deben respetar la ley como cualquiera. Por esto, tienen la obligación de honrar sus deudas y pagar sus impuestos y, si no lo hacen, recibir las sanciones correspondientes.

Todo lo anterior es una práctica común y conveniente en cualquier país con estabilidad institucional, separación de poderes y un razonable Estado de derecho. Forma parte de la igualdad ante la ley.

Pero Ecuador dista mucho de tales condiciones. Por esto, resulta sumamente inquietante que su Poder Ejecutivo, por vías muy dudosas, haya decidido incautarse de dos estaciones de televisión y una radioemisora, junto a otras decenas de empresas pertenecientes al llamado Grupo Isaías.

La medida fue presentada como una vía para recuperar parte de las pérdidas de la crisis bancaria que el país vivió en la pasada década, de la cual, presuntamente, ese grupo se habría beneficiado de forma indebida. Sin embargo, por el entorno en que se produjo y la manera en que se aplicó la incautación, surgen enormes dudas sobre las verdaderas intenciones del mandatario, Rafael Correa, y sobre el futuro de la democracia ecuatoriana.

En Ecuador, la Asamblea Nacional Constituyente, dominada por Correa y sus partidarios, prácticamente ha suplantado las funciones de los poderes Legislativo y Judicial. Todas las decisiones se han concentrado, peligrosamente, en el Ejecutivo. La oposición política, desprestigiada y desarticulada, tiene muy pocos mecanismos de control. Y desde que asumió la Presidencia, Correa no ha cesado de criticar a los medios de comunicación, a los que considera como enemigos de su proyecto “socialista”.

Sin embargo, a pesar de su retórica inflamada, sus medidas populistas y su eterna búsqueda de culpables, la popularidad del mandatario se ha erosionado en los últimos meses, mientras el apoyo al nuevo texto constitucional cada vez es menor, al punto de que existen dudas sobre la posibilidad de que sea aprobado, eventualmente, en un referendo.

En medio de este panorama, la acción contra los medios tiene perturbadores ribetes. Fue tomada por una agencia gubernamental, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, a pesar de que estaba en curso una investigación en la Corte Suprema de Justicia, y el ministro del ramo, Fausto Ortiz, en total desacuerdo con la medida, renunció a su cargo, con lo cual la legitimidad del acto resulta aún más débil.

Al justificarlo, Correa echó mano a su repertorio de argumentos de malos contra buenos y poderosos contra débiles, por lo cual muchos piensan que el golpe, entre otras cosas, busca mejorar su popularidad de cara a los sectores más débiles de la sociedad.

Todo lo anterior sería grave en cualquier circunstancia. Pero lo es más cuando parte de los afectados son medios de comunicación independientes. Todavía peor, y como si estuviera colocando una espada de Damocles sobre otras emisoras y canales que se atrevan a ejercer sus funciones con autonomía, el llamado Consejo Nacional de Radio y Televisión, también controlado por el Ejecutivo, anunció que había iniciado el proceso de reversión al Estado de más de 200 frecuencias radiales, televisivas y de operación de cable. Su justificación: presuntas irregularidades en sus contratos o mora en el pago de tasas.

Lo que está de por medio en este caso, como factor de alarma, no es la acción del Estado en contra de determinados canales y dueños. El problema es que esa arremetida se da al margen de garantías institucionales y jurídicas medianamente aceptables, tiene como marco una casi inexistente separación de poderes y se origina en decisiones de un Presidente que desdeña los verdaderos fundamentos de la libertad de expresión. Junto a todo lo anterior, se han producido claras amenazas contra otros medios.

Es decir, más que ante un esfuerzo por aplicar la ley sin miramientos, como corresponde en una verdadera democracia, pareciera que estamos ante un intento por manipular las instituciones para doblegar a los críticos e imponer voluntades. He aquí el grave meollo del asunto.