Argentina: gobierno y campo se miden

Por Max Seitz
BBC Mundo

Buenos Aires – El gobierno y los dirigentes rurales de Argentina realizan este martes actos en Buenos Aires para medir sus fuerzas en el conflicto en torno del esquema de impuestos a las exportaciones de granos, que ya lleva más de cuatro meses.

Militantes que respaldan a la presidenta Cristina Fernández se reunirán en la plaza situada frente al Congreso, donde el miércoles será un día crucial ya que el Senado tratará de dar aprobación final a los polémicos tributos.

Este sistema impositivo, conocido como “retenciones”, establece que las alícuotas a las ventas de granos al exterior aumentan a medida que lo hacen los precios internacionales. Argentina es el tercer productor mundial de soja.

El gobierno afirma que la medida tiene como objetivo redistribuir la riqueza, pero los agricultores opinan que los gravámenes, que podrían superar el 40%, son “confiscatorios”.

El ex presidente Néstor Kirchner, jefe del Partido Justicialista (peronismo, en el poder) será el único orador en la manifestación pro gobierno, que contará con la presencia de grupos sociales y sindicales.

Por su parte, el sector agrario realizará su acto frente al Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Será más tarde y a unas veinte cuadras del Parlamento para evitar enfrentamientos con los simpatizantes oficialistas, en medio de un clima de creciente tensión por la inminente aprobación de las “retenciones” en el Senado.

El campo espera contar con la presencia de agricultores que viven cerca de Buenos Aires y vecinos de Buenos Aires que están en desacuerdo con las políticas gubernamentales.

Tensión

Los actos de este martes, para los que ambos sectores esperan convocar a decenas de miles de personas, han estado precedidos por una retórica de confrontación y una serie de incidentes.

El ex presidente Kirchner ha acusado a los líderes del campo, calificados frecuentemente de “oligarcas” por miembros del oficialismo, de confabularse para derrocar al gobierno de su esposa.

“No participamos de ningún golpe de Estado”, replicó en la víspera de las manifestaciones Ricardo Buryaile, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, una de las entidades agrarias enfrentadas con la presidenta Fernández.

“El acto va a ser multitudinario. Hay que ir a mostrar que somos miles y miles los que no estamos de acuerdo con la política del gobierno”, afirmó por su parte Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria Argentina.

Manifestantes pro campo han protagonizado en las últimas horas decenas de marchas conocidas como “escraches” frente las casas de legisladores oficialistas, arrojando piedras o pintando leyendas ofensivas.

Entre tanto, la prensa local informó que la esposa del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, un ferviente defensor de las “retenciones”, fue acusada de haber presuntamente golpeado a una opositora durante una discusión en un restaurante de Buenos Aires.

Conflicto con repercusiones

El esquema impositivo en discordia entró en vigencia el 11 de marzo. La disconformidad del agro desencadenó cuatro paros en más de 100 días, que consistieron en bloqueos de carreteras y la suspensión de la comercialización de granos.

El país estuvo al borde de una crisis de desabastecimiento. La economía -que crecía a un ritmo anual de un 8%- comenzó a frenarse, la inflación se disparó y el consumo y las inversiones cayeron.

En el plano externo, el conflicto empujó hacia arriba los precios internacionales de los granos.

En junio, cuando el enfrentamiento entre el gobierno y los líderes rurales llegó a su mayor grado de hostilidad y los “cacerolazos” volvieron a las principales ciudades de Argentina, la presidenta Fernández decidió someter las “retenciones” a debate en el Congreso.

El esquema tributario fue aprobado por la Cámara de Diputados hace más de una semana y ahora el Senado, donde el oficialismo tiene mayoría, debe ratificarlo.

El proyecto de ley establece reintegros y compensaciones para 61.000 pequeños productores, lo que les reduce los tributos, mientras que mantiene las alícuotas en el caso de unos 4.000 grandes grupos de siembra y propietarios de más de 10.000 hectáreas.