Distorsiones argentinas

Por Eduardo Ulibarri
El Nuevo Herald

Desde que, hace 62 años, sucumbió a las promesas y sombras del peronismo, Argentina ha sido un prolífico laboratorio de erradas políticas públicas.

Por esto no ha cumplido el justo sueño de convertirse en un país desarrollado.

Una legión casi inagotable de políticos irresponsables, gobernantes ineptos, sindicalistas voraces, militares inescrupulosos, empresarios proteccionistas e intelectuales inmovilistas ha bloqueado testarudamente los ímpetus de su mejor gente y ha neutralizado el potencial de sus generosos recursos.

Durante las últimas semanas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de sus aires modernizantes, puso de manifiesto que es clara heredera de esa línea, inaugurada por el general Juan Domingo Perón y continuada por su Partido Justicialista.

El caso que lo demuestra –la pugna entre productores agrícolas y el gobierno–, puede parecer una de las frecuentes diferencias que surgen en democracia, entre grupos que impulsan sus intereses y autoridades que deben velar por el bienestar general.

Sin embargo, hay más de por medio: el designio oficial de aplicar medidas económicas para buscar efectos ”positivos” inmediatos, pero con consecuencias nefastas a mediano plazo. Es decir, la práctica de un populismo oportunista y miope ante las realidades económicas.

Gracias a los elevados precios de los granos en el mercado internacional, Argentina, con enorme capacidad para producirlos, ha vivido un relativo auge económico durante años recientes que le ha permitido superar gran parte de la crisis en que se hundió a finales de 2001, por otro conjunto de disparatadas decisiones.

La virtual bonanza, con índices de crecimiento anuales de casi el 10%, fue manejada con gran ligereza por el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007). En lugar de aprovecharla para sentar las bases de un desarrollo sano y equilibrado, optó por estimular el consumo, vía el control de precios, el incremento en el gasto público y la entrega de subsidios.

Como resultado, crecieron las presiones inflacionarias y varios sectores productivos llegaron al borde de la atrofia. En lugar de corregir el rumbo, Kirchner optó por mayores controles, límites a la exportación de productos básicos y hasta la manipulación de estadísticas oficiales: la receta para otra grave crisis.

Muchos esperaban que, tras su elección en octubre pasado, Fernández cambiaría la dirección o, al menos, comenzaría a tomar medidas para mejorar la política económica de su esposo. Sin embargo, sus últimas decisiones, que la enfrentan con el campo, van en sentido inverso.

Con la justificación de nuevas mejoras en las cotizaciones de los granos, decidió elevar aún más sus impuestos de exportación, ya de por sí altos. Los de la soya, por ejemplo, pasaron del 27% al 40%.

Así, la Presidenta pretende dos cosas: aumentar el excedente de recursos gubernamentales, para sostener costosos programas de reparto, y hacer que una parte de las exportaciones se dirija al mercado interno, a precios mucho menores que los del internacional.

A corto plazo, será fácil lograr ambos objetivos. Sin embargo, en poco tiempo los altos costos volverán insostenible la producción de granos para muchos agricultores, quienes probablemente la abandonarán. Así, bajará el abastecimiento, se reducirán las exportaciones, disminuirán los ingresos, tanto nacionales como oficiales, y la situación económica se tornará aún más difícil de manejar; todo lo contrario de lo que pretende el gobierno.

La Presidenta y su Partido Justicialista, además, se han dado a otra tarea típica del peronismo: movilizar a sectores populares beneficiarios de los programas públicos para confrontar a los productores. Resultado: un innecesario crecimiento de la tensión social.

Está por verse si será posible (y cuándo) un arreglo entre el gobierno y los productores, que durante semanas bloquearon gran cantidad de carreteras. Pero, más allá de lo que ocurra en este ámbito, lo esencial es que haya alguna rectificación importante, que permita conducir la política económica con mayor responsabilidad y sentido de largo plazo.

De lo contrario, no habrá que esperar demasiado para que una nueva ronda de ”cacerolazos” conmueva las ciudades del país.