Más instituciones

Por Manuel F. Ayau Cordón
Prensa Libre

Se repite que las leyes son buenas, pero que no se cumplen, y que nuestros males se deben a la falta de instituciones que regulen el mercado.

Si al hablar de instituciones se tiene en mente oficinas gubernamentales encargadas de supervisar actividades privadas de diversa índole, obviamente se olvida la cantidad de instituciones que han proliferado, y a un alto costo, comparado con su imperfecto beneficio. No se juzgan como son, sino como deberían ser, con personal abnegado, eficiente, prudente, probo, cortés y competente. Y mientras mayor es la burocracia, necesariamente mayor será la dificultad de seleccionar suficiente personal idóneo. Y peor, mientras mayor poder discrecional tiene el burócrata, mayor será la oportunidad de corrupción, y atraerá corruptos. También es difícil asegurar calidad de personal cuando la posibilidad de ser despedido es remota debido a una la ley de inamovilidad burocrática, conocida como Ley de Servicio Civil.

El estudio anual del Banco Mundial Doing Business in 2007 compara la cantidad de requisitos, reglamentos burocráticos y trámites para establecer negocios en todos los países y ordena los resultados. Guatemala está catalogada en el puesto número 128, entre 175 países. En el reporte anual de Libertad Económica en el Mundo, del Instituto Cato, Guatemala está en el puesto 44, y de regulaciones económicas, en el 58. Lo anterior sugiere que ya se regula demasiado, que hay que regular menos y no estorbar tanto la actividad productiva de los ciudadanos, para que la gente no se refugie en la economía informal. Allí están exentos de esos estorbos y, sin embargo, ese mercado funciona tranquilamente bajo los controles que espontáneamente impone el mercado, y que mucha gente simplemente cree que no existen.

El mercado ejerce muchos controles, y cuando penaliza al mal o ineficiente comportamiento, es despiadado. Tengamos presente que mercado, por definición, es el conjunto de transacciones libres y pacíficas que ocurren a diario, por ejemplo, en el abastecimiento de alimentos a la población, de vivienda, de vestuario, de servicios de toda clase, etcétera. Se basa en el derecho a intercambiar libre y pacíficamente lo que es propio, y en el cumplimiento de contratos. El robo, el fraude y la violencia no corresponden al mercado, sino todo lo contrario: son violaciones al derecho de propiedad y de las reglas en que se basa el libre intercambio y, por eso, están prohibidas en los códigos, y es deber de los gobiernos impedirlos y castigarlos.

En el mercado no hay otra opción para satisfacer necesidades propias que la de satisfacer las ajenas, porque nadie tiene obligación de comprar a determinada persona o empresa, salvo cuando una ley lo obliga (¿etanol?). La calidad y los precios son determinados por los consumidores en el mercado, en el cual sólo exigen la calidad que pueden pagar. Con su demanda, dirigen la producción hacia sus genuinas prioridades, dentro de las opciones que los productores ofrecen compitiendo en su afán de ser ellos quienes tienen éxito. Y quien les engañe pronto pierde reputación, confianza y clientela, y fracasará. El mercado no será perfecto y causará decepciones, pero ¿acaso hay una forma más democrática y eficaz de control, en la que todos votan, con su propio dinero, para determinar quiénes tendrán éxito y se enriquecerán, y quiénes fracasarán?

Se repite y repite que las leyes son buenas, pero que no se cumplen. Habría que convencer a quienes se escapan de la formalidad de esas “buenas” leyes, pues lejos de controlar y ser efectivas, resultan onerosas en tiempo, trabajo, dinero y fomentan corrupción. Deben ser juzgadas por sus resultados, y no por su intención.