La Asamblea de Correa

Por Simon Pachano
Infolatam

Quito – La ritualidad de la inauguración oficial de la Asamblea Constituyente expresó claramente el contenido y las características que el presidente ecuatoriano quiere darle a este organismo. El acto central fue el traslado de una parte de los restos (sí, así textualmente, una parte) del viejo caudillo liberal Eloy Alfaro a Montecristi, la pequeña población en que nació a mediados del siglo XIX.

Ese es el lugar escogido directa y privativamente por el presidente Correa para el funcionamiento de la Asamblea, sin que para ello importe que los servicios básicos aún sean una aspiración de sus habitantes y sin medir gastos a la hora de construir un edificio exclusivamente para este fin.

Extrañamente, un católico practicante que se precia de mantener posiciones conservadoras en temas de valores busca reivindicar a toda costa la figura de quien, a inicios del siglo XX, logró la separación de la Iglesia y el Estado, estableció el matrimonio civil, el divorcio y la educación laica y confiscó las propiedades del clero.

Alfaro murió en uno de los actos más atroces que registra la historia ecuatoriana, cuando una multitud lo arrastró por las calles de Quito y le quemó en un parque público. Las cenizas de esa hoguera tuvieron desde entonces un valor estrictamente simbólico. A ese simbolismo se ha acudido ahora para darle bases históricas a la Asamblea. El traslado desde Guayaquil de una porción de las cenizas busca equiparar la actual “revolución ciudadana” con la única revolución realizada en el país. Hay ahí un mensaje de continuación y de ruptura. Continuación con la obra revolucionaria; ruptura con la situación vigente. Nada mejor para un proyecto político que se asienta en la división del mundo entre un ayer oprobioso y un futuro luminoso, entre los héroes que dieron su vida por la patria y los enemigos de esta que quieren cerrar el paso a los cambios. La alusión a Alfaro en su versión más caudillista –no precisamente en la de estadista- no hace sino acentuar la oposición entre lo blanco y lo negro. El objetivo es eliminar cualquier distorsión cromático-ideológica que quiera introducir algún tono de gris entre medio.

La Asamblea es, en esa concepción, el elemento fundamental. El instrumento clave para esto es la interpretación que el gobierno y sus partidarios han hecho de los poderes establecidos en el estatuto que debería regir a ese organismo. Este, que fue aprobado en el mismo referéndum en que se decidió la convocatoria a la Asamblea, limita su acción a la realización de otro referéndum en el que debería ponerse a consideración las reformas realizadas. La mayoría gubernamental (80 de 130 asambleístas) ha considerado que la Asamblea está por encima de los poderes constituidos y de la propia Constitución. En su primera resolución, denominada Mandato Constituyente número 1, establece claramente que las decisiones de este órgano son jerárquicamente superiores a cualquier norma y que no serán susceptibles de control o impugnación por parte de los poderes constituidos. En otras palabras, no hay un orden jurídico vigente. Solamente existe la voluntad de la mayoría, que es sin duda la voluntad del Presidente.

Esa voluntad se expresó en el cierre del Congreso Nacional, en la remoción de algunos funcionarios y en el nombramiento de sus reemplazos. Así mismo, como parte de la ritualidad, se manifestó en la ratificación de Rafael Correa como presidente de la República y de Lenin Moreno como su vicepresidente. De esa manera, la Asamblea ha enviado un mensaje contundente en el que establece las facultades que ha asumido –o cabría decir, con mayor propiedad, que se ha arrogado-, entre las que no faltan las de carácter legislativo, judicial y ejecutivo. No es algo de extrañar si se ha constituido como el organismo omnímodo, no solamente situado por encima de cualquier asomo de orden jurídico, sino como única expresión de ese orden.

La Asamblea reemplaza a las instituciones, pero también a la Constitución y a las leyes. Encima de ella no hay nada. Debajo de ella está todo. Lo que queda por conocer es si junto a ella existe algo. Ese acompañante no puede ser sino el propio presidente Correa, quien la convocó, determinó todos los procedimientos para su materialización, escogió el lugar para su funcionamiento y ha señalado lo que debe hacer (comenzando por esas primeras acciones que le dan todos los poderes).

Hasta ahora ha sido la asamblea de Correa, no de los asambleístas de su movimiento político, lo que no deja de ser una contradicción con los plenos poderes de que ella se revestido. Por ello, la ritualidad de la inauguración fue testimonialmente expresiva incluso de las contradicciones que existen cuando se pregona una revolución ciudadana pero se la entrega en su totalidad –con poderes ilimitados y omnímodos- a la voluntad de un solo hombre.