El Salvador: ¿Libertad de expresión o terrorismo?

Por Lorena Baires
La Opinión, Los Angeles

SAN SALVADOR, El Salvador.— La forma en que protestaron distintas organizaciones sociales contra un proyecto gubernamental de descentralización del agua potable, el pasado 2 de julio en Suchitoto, acabó con la paciencia del presidente Antonio Saca.

Días después de los disturbios, el Ejecutivo propuso una reforma al artículo 348 del Código Penal, para aumentar de cuatro a ocho años el castigo por realizar desórdenes públicos.

Las mociones generaron distintas reacciones y enfrentamientos verbales entre organizaciones sociales, sector empresarial y político del país.

Los primeros aseguraron que Saca pretende limitar el derecho a protestar contra las políticas públicas, mientras que los otros consideraron que se debe castigar a los que atenten contra la seguridad pública.

Guillermo Gallegos, jefe del grupo parlamentario de Arena, explicó que la idea es que estas acciones se consideren como delitos graves, no leves, como lo contempla el actual código.

Agregó que las condenas no pueden superar los 10 años de cárcel, porque sería una cantidad desproporcionada al tipo de delito.

Walter Durán, diputado de la bancada de oposición Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aseguró que las intenciones del gobierno al aumentar las penas es limitar que las personas puedan asociarse libremente o agruparse para disentir contra las medidas gubernamentales. Es más, el FMLN promueve que se derogue la Ley Antiterrorista.

“Desde el punto de vista técnico, es improcedente tratar de establecer penas tan severas. El Presidente da una mala señal de que nos encaminamos a una nueva dictadura civil al anunciar que habrá más represión de su parte a las medidas de protesta de los ciudadanos”, reflexionó el farabundista.

Rolando Herrarte, jefe del grupo parlamentario Partido de Conciliación Nacional (PCN), dijo que se deben permitir las manifestaciones pacíficas, pero en las leyes deben quedar claras las normas de conducta de los participantes de las protestas.

Las organizaciones sociales involucradas en las manifestaciones del 2 de julio publicaron un comunicado de prensa para pedir que se les respete su derecho a manifestarse públicamente y a hacer uso de sus libertades constitucionales.

Señalan como grave el hecho de que se vincule a las protestas de descontento social con actos delictivos o de terrorismo: “Cualquier restricción al libre ejercicio de estos derechos debe interpretarse como una grave violación a los derechos humanos fundamentales y un retroceso en el proceso de democratización que se gestó con la firma de los Acuerdos de Paz”.

A pesar de todas estas discusiones, hace unas semanas, la Asamblea Legislativa dispuso que los desórdenes leves serían castigados con prisión de dos a cuatro años de cárcel; mientras que los graves (donde participen dirigentes políticos) se castigarán con prisión de seis a ocho años.

En medio de este debate político, también se criticó la forma en que la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron y presentaron cargos respectivamente contra 14 personas que participaban en la manifestación en Suchitoto y que están acusados de actos de terrorismo.

Los enfrentamientos se dieron entre los manifestantes enfurecidos y miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la PNC que intentaban dispersar la protesta. Los dirigentes de la marcha aseguraron que les rociaron con gas pimienta y dispararon balas de goma.

Sin embargo, el ministro de Seguridad Pública y Justicia, René Figueroa, detalló que el informe que le presentaron las instituciones a su cargo reporta desórdenes públicos, destrucción de la propiedad privada, amenazas e interrupción del libre tránsito por las calles.

La situación se complica porque en la protesta. que estaba dirigida contra las políticas de Saca, también participaban miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país y de organismos internacionales que según la FGR, salieron afectados.

Entre ellos se encontraba el presidente del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), José Andrés Rovira Canales, quien viajaba en un vehículo de la institución y que resultó dañado.

El testigo Manuel Ramírez aseveró que los manifestantes “agredieron el vehículo en que se conducía el presidente del FISDL, subiéndose en el ‘bómper’ trasero, comenzaron a saltar y golpeaban con piedras hasta que lograron quebrar el vidrio”.

Por este y otros hechos similares, las magistradas Gloria Lizama y Sandra Chicas, de una cámara especializada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), consideraron que es aplicable la Ley Antiterrorista, ya que el inciso segundo, artículo 5, de la referida ley, castiga la destrucción o daño a bienes de funcionarios.

“No es lo mismo dañar el vehículo del vecino, que uno nacional en el que se transportaba un funcionario y su comitiva rumbo a un acto presidido por el presidente, como ya se dijo, por un grupo de personas con una actitud agresiva”, argumentaron las magistradas.

El procurador de Derechos Humanos, Óscar Luna, no estuvo de acuerdo con las resoluciones que emitieron las abogadas y que confirman los delitos de actos de terrorismo. El funcionario considera que la FGR está interpretando la ley de forma incorrecta al adjudicar los delitos.

“No tenía que aplicarse la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, insisto, respeto la independencia judicial, respeto la decisión, pero no la puedo compartir. Los hechos no se pueden adecuar a actos de terrorismo; puede ser otro tipo de figura penal, pero no actos de terrorismo”, reiteró Luna.

La jueza de Sentencia de Menores, Aída Santos de Escobar, criticó en una entrevista televisiva la decisión de la jueza Ana Lucila Fuentes, quien decretó detención preventiva para las personas acusadas de terrorismo.

“Considero que se tuvo que determinar el grado de responsabilidad en cada uno de los actos y poner claro si con ello se ponía en peligro la democracia del estado. También se tuvo que determinar cuál era el objetivo de la manifestación, si esta era lícita”, argumentó.

Pero el fiscal, Félix Safie, defendió la acusación presentada ante los tribunales especiales que ven casos de crimen organizado. En otra entrevista televisiva indicó que “objetivamente, se puso en daño, en riesgo, la integridad de muchas personas, funcionarios de gobierno y embajadores. Es decir, hubo una aplicación exacta de lo que es la ley de terrorismo”.

Según el expediente judicial, cinco personas fueron detenidas tres kilómetros afuera de Suchitoto. Incluso, entre los detenidos figura un anciano. Por estas inconsistencias en los informes, la Asamblea Legislativa ha solicitado a la FGR y a la PDDH un informe pormenorizado de los hechos para pronunciarse.

Los diputados, por el momento, no descartan la formación de una comisión especial para esclarecer los hechos, aunque los detenidos ya están en libertad.