Tragedia a la ecuatoriana: La propiedad… ¡Ya es de todos!

Por Vladimiro Álvarez Grau
El Expreso de Guayaquil

Recordando que el Gobierno no ha presentado textos concretos de lo que quiere que sea su nueva Constitución, sino que entregó un conjunto de ideas que inspirarían algunos cambios que la pongan al día de los “últimos desarrollos teóricos”, es lamentable que deje en el aire la redacción de la reforma, lo que será materia de interminables debates sobre la intención de lo que se propone para hacer efectivos los derechos que quiere amparar… o aquellos que soterradamente pretende limitar… o eliminar.

En materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la propuesta del Gobierno se centra en la “revisión profunda” de tres derechos económicos básicos: el derecho a la vivienda digna, el derecho al trabajo, y el derecho a la propiedad.

En lo que concierne al derecho a la vivienda digna, se busca dotar de eficacia real a la actual definición constitucional, y considera que “existe consenso” en que si bien el derecho a la vivienda no genera facultades individuales directamente exigibles, también señala que existe una obligación directa del Estado de brindar programas públicos de construcción y de mejoramiento de vivienda de protección oficial o interés social, programas públicos de alquiler en régimen especial, programas públicos de albergues y centros de alojamiento para personas sin techo, sanciones a la no explotación económica de los inmuebles, o incentivos tributarios a la compra de vivienda para alquilar, entre otras.

En cuanto a la regulación constitucional del derecho al trabajo, el Gobierno plantea la necesidad de eliminar “toda forma de empleo precario”, definiendo los principios que reconocen a los trabajadores ecuatorianos su capacidad de producir riqueza, y el valor de su trabajo como productor de renta y plusvalía, garantizando un entorno normativo e institucional que contemple el derecho a la estabilidad, al salario justo, y la igualdad de salario entre hombres y mujeres.

En cuanto al sistema de tercerización laboral, al que considera “causante de la pérdida de los derechos laborales y del control y responsabilidad del Estado respecto de su papel institucional”, propone “reformularlo estructuralmente” (¿?) En el caso del ejercicio del derecho a la propiedad, la iniciativa del Gobierno parte del reconocimiento del mismo, señalando su voluntad de “garantizar la coexistencia de las distintas formas de propiedad (privada, pública, mixta, comunitaria, social, etc.)”, ampliándolo, de tal manera, que en el mediano plazo se convierta al Ecuador en “una sociedad de propietarios y productores”.

Un planteamiento digno de especial análisis es la propuesta gubernamental de que en la nueva Constitución deberá quedar claro que ninguna de las formas de propiedad “actuales o futuras” puedan vulnerar los principios constitucionales de: (1) protección del medio ambiente, (2) integridad del espacio público, y (3) de su… “destinación al uso común” (¿?) Aplicando este último principio que el Gobierno pretende incorporar, podría llegarse, cumpliendo los objetivos del Presidente, a que luego constitucionalmente se diga que… la propiedad… ¡ya es de todos!