EE.UU.: Dramático aumento de leyes migratorias estatales
Por Maribel Hastings
La Opinión
WASHINGTON, D.C.— Entre enero y el 2 de julio de este año se registró un alza de 240% en las medidas relacionadas con inmigración presentadas en las legislaturas estatales de Estados Unidos comparado con el año pasado.
En ese lapso se presentaron 1,404 proyectos de ley, de los cuales 170 se promulgaron en 41 estados, más del doble de todas las medidas promulgadas en todo el año 2006, concluyó un reporte presentado ayer.
La razón principal para el incremento, según el informe: la falta de acción del Congreso federal en aprobar una reforma migratoria integral.
“Como el barco federal se hundió, hay 50 botes salvavidas en el agua buscando una solución. Una vez más, los estados toman la iniciativa en uno de los asuntos de política pública más críticos que enfrenta nuestro país”, indicó Leticia Van de Putte, senadora estatal de Texas y presidenta de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL).
El reporte de la NCSL se presentó en la reunión del grupo en Boston, Massachusetts.
En el año 2006 se promulgaron 84 medidas legislativas, pero en lo que va de 2007 ya se han promulgado 170 medidas y, como muchas legislaturas continúan en sesión, es de anticiparse que la cifra se incremente. De los 170 proyectos promulgados, cuatro fueron vetados por los gobernadores y 12 aguardan la promulgación.
El informe toma en cuenta medidas directamente relacionadas con inmigración como, por ejemplo, licencias de conducir, tarjetas de identificación, tráfico humano y aplicación de leyes, así como otras que afectan a la población inmigrante (salud, vivienda y educación, entre otras).
Según observadores, el reporte confirma una preocupante tendencia que ha cobrado especial énfasis a la luz del fracaso de la reforma migratoria integral en el Congreso.
“Esto es el resultado de mucha presión a nivel estatal y local de hacer lo que puedan. Lo preocupante es que no son medidas eficaces para abordar la inmigración indocumentada, pero sí hacen mucho daño a la comunidad, no sólo a la indocumentada, sino más que nada a la comunidad latina”, dijo a La Opinión, Cecilia Muñoz, vicepresidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR).
El efecto es obvio y peligroso, agregó. Por ejemplo, si se aprueba y se implementa una medida que da a la policía poderes para aplicar leyes migratorias, evidentemente, muchos hispanos serán cuestionados sólo por su apariencia física, aunque sean ciudadanos o residentes legales.
“Otras [medidas] rayan en lo ridículo, como por ejemplo, la de Prince William [en Virginia] que exige que se verifique la documentación de personas que quieran usar albercas o bibliotecas públicas. Pero según es ridículo, también es peligroso, porque genera un ambiente nocivo en el cual el latino es el más afectado”, agregó Muñoz.
La mayor parte de las medidas presentadas y aprobadas tienen que ver con licencias de conducir y documentos de identidad (229 propuestas y 35 promulgadas en 26 estados); empleo (234 propuestas y 26 aprobadas en 19 estados); salud (134 propuestas y 11 aprobadas en 9 estados); beneficios públicos (115 propuestas y 15 aprobadas en 11 estados); educación (118 propuestas y 10 aprobadas en ocho estados; medidas policiacas (148 propuestas y 11 aprobadas en 7 estados); y sobre las relacionadas con tráfico humano se han sometido 79 y han avanzado 15 en 11 estados.
Se han presentado además 152 resoluciones y se han aprobado 38 en 14 estados. En general, las iniciativas van en contra de la inmigración indocumentada, pero también hay algunas que protegen a los indocumentados de explotación laboral, sexual y medidas que otorgan beneficios educativos y médicos a los hijos de indocumentados.
La tendencia seguirá al alza, yaque no se anticipa que el Congreso federal aborde una reforma integral ni a corto ni a mediano plazo.
El pasado viernes, varios activistas y analistas condenaron la inacción que ha generado la proliferación de medidas locales y estatales. A estas medidas locales y estatales se suman las únicas iniciativas disponibles a nivel federal: un recrudecimento de las redadas y la ampliación de medidas administrativas, como la regla del Departamento de Seguridad Interna (DHS) para que patronos y empleados aclaren las discrepancias entre nombres y números de Seguro Social de los empleados o de lo contrario la persona debe ser despedida.
Tanto Muñoz como Frank Sharry, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, coincidieron en que lo más preocupante es que las iniciativas locales y estatales no solucionan el problema de fondo, que son millones de personas sin documentación legal.
Y lo peor es que, a nivel federal, el futuro de medidas migratorias integrales es incierto.
En las pasadas dos semanas y, antes del receso legislativo de agosto, en el pleno de ambas cámaras resurgió el tema migratorio, pero únicamente enfocado en medidas de seguridad y aplicación de leyes. El tono, según Muñoz, fue “tóxico”. La minoría republicana echa mano, una vez más, de estrategias de mano dura que creen les ayudarán en las urnas con la base más recalcitrante. Y la mayoría demócrata, tras el fracaso de la reforma migratoria en el Senado, ha dejado el tema de lado, asegurando que las consultas “continúan”.
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