Los sabotajes, el nuevo reto político de México

Por John Lyons
The Wall Street Journal

CIUDAD DE MÉXICO—Aunque los ataques violentos por parte de grupos radicales nunca han sido demasiado trascendentes en México, las cosas podrían cambiar si continúan los atentados contra gasoductos, cuya autoría se atribuye un pequeño grupo izquierdista.

Lo que está claro es que el sabotaje impone nuevos retos políticos al gobierno del presidente Felipe Calderón, que inauguró su mandato hace siete meses con el encarcelamiento de varios líderes de un movimiento de protesta en el estado sureño de Oaxaca, y con el desplazamiento de más de 30.000 hombres a regiones dominadas por pandillas de narcotraficantes armados.

Aunque los ataques, cuya autoría ha sido reclamada por el pequeño grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR), fueron solo contra varios gasoductos, podrían ser una señal de mal agüero. México es uno de los mayores productores de petróleo del mundo y un proveedor clave de Estados Unidos. A pesar de su larga historia de extremismo izquierdista, México nunca ha sufrido la clase de atentados que se ven en otros países exportadores de crudo, como Colombia y Nigeria, donde la violencia ha afectado la producción petrolera y los precios globales del crudo. Aquí, muchos temen que las explosiones reflejen un empeoramiento de ataques previos por parte del mismo grupo contra puestos policiales y símbolos de la élite, como los bancos.

Los ataques tocaron una vena sensible de la economía mexicana. Las explosiones, una detonada el martes y otras dos la semana pasada, apuntaban a varios gasoductos que abastecen a la región del Bajío, un centro neurológico industrial donde gigantes como las automotrices Nissan y Honda Motors Inc. y los fabricantes de alimentos The Hershey Co. y Kellogg Co. tienen plantas. Los ataques obligaron a varias compañías, incluyendo Nissan, Honda y el fabricante local de vidrio Vitro, a suspender sus operaciones. Los funcionarios de la petrolera estatal Pemex esperaban reparar las líneas para hoy.

Ayer, en la planta de Aguascalientes de Nissan, en la que se fabrican unos 1.300 autos al día, los técnicos hicieron malabares para reanudar la producción, configurando la planta para que funcionara temporalmente con propano, dijo un vocero.

Las apretadas elecciones presidenciales en México el año pasado han dividido al país. Una muestra de ello es el comunicado que envió el partido del candidato perdedor, Andrés Manuel López Obrador. En el documento, el Partido de la Revolución Democrática sugiere que el gobierno podría estar detrás de los ataques para crear una base para justificar una persecución policial o “distraer a la gente” de los “graves problemas” del país.

Si EPR es responsable de los ataques, sería un cambio importante en el modus operandi del grupo, explican los expertos, ya que ocurrieron en el centro del país, lejos de su núcleo, en el sur. Además, las bombas eran mucho más sofisticadas que las que se relacionan normalmente con los grupos izquierdistas en la última década. Todo esto levanta sospechas de si EPR está realmente detrás de las explosiones.

Independientemente de los autores, los ataques afectaron una pieza clave de la economía mexicana. Aunque el país cuenta con un gran potencial energético, Pemex no puede satisfacer la creciente demanda por gas natural. Esto obliga al país a importar gas más caro de EE.UU., una situación que se está convirtiendo en un obstáculo a la inversión extranjera. La idea de que las fuentes de energía puedan interrumpirse por un sabotaje sólo acentúa los temores de los fabricantes sobre México.