Argentina: Corregir inconsistencias

Editorial – La Prensa

Las dudas sobre los índices oficiales de inflación deben ser despejadas. Se hace necesario, asimismo, terminar con la política de precios congelados.

La semana última el Indec volvió a difundir una variación del índice de precios al consumidor que generó escepticismo entre los operadores económicos, la prensa y los especialistas. Los datos oficiales no sólo no coinciden con los precios reales que pagan los consumidores, sino tampoco con otros datos difundidos por el propio Indec, por ejemplo, el de la inflación en el interior del país.

Otro dato llamativo fue el aumento de los precios mayoristas que no están en sintonía con el IPC, cuya proyección daría una inflación menor al 10% para el año 2007. Este índice muy lejano a la realidad sin duda es el objetivo que el Gobierno se fijó y para alcanzarlo encargó la tarea a un funcionario de modales cuestionables, sospechado además de alterar los métodos de trabajo hasta conseguir el resultado deseado.

Frente a este cuadro plagado de anormalidades, resulta inevitable hallarle una salida al problema, sincerando los índices y normalizando todos los precios de la economía, muchos de ellos distorsionados a causa de la profunda crisis de diciembre de 2001.

En ese sentido parece indispensable terminar con un sistema de precios regulados y de subsidios hipertrofiados que dejan al arbitrio de los funcionarios la transferencia de enormes sumas de un sector al otro de la economía. Al margen de la justicia o injusticia que pueden tener esas transferencias y de la honestidad de los gobiernos, el hecho de que dependan de decisiones del poder político afecta sin duda la transparencia.

A esto hay que agregar que el congelamiento de tarifas en el transporte de pasajeros ha producido un efecto deletéreo en los ferrocarriles, con un fuerte deterioro de la infraestructura que no puede ser renovada a pesar de los gigantescos aportes estatales.

Otro tanto ocurre con el transporte automotor de pasajeros. En el caso de la energía, también está a la vista el resultado de la política de negar la evidencia de que los precios se deben reacomodar solos. La presente crisis obedece, en buena medida, al pico de consumo producto de tarifas irreales.

La única manera inmediata de no malgastar lo que hoy es un bien escaso y permitir que se lo use en la industria para mantener el nivel de producción y de ocupación es darle un precio que lleve a los usuarios a hacer del gas y la electricidad un uso racional.

En suma, las dificultades presentes están llamando a las autoridades a la realidad, por lo que deberían comprender que menos costoso que seguir negando los hechos será corregir las inconsistencias del actual modelo para iniciar una nueva etapa. La que comenzó en 2002 está agotada.