Controles de precios: Los costos de no reconocer la realidad

Editorial – Clarín

Los temas del índice de precios minoristas y de la energía han puesto en discusión las distorsiones y costos que puede tener para la sociedad la resistencia de un gobierno a no reconocer realidades evidentes.

Cuando la inflación comenzó a incrementarse, el Gobierno decidió no aplicar medidas restrictivas de la actividad económica y promovió acuerdos con empresas para moderar el incremento de precios.

La estrategia tuvo éxito y el aumento de los precios minoristas de 2006 fue menor al del año anterior, pero la política oficial tuvo cada vez más dificultades para lograr su objetivo porque las empresas y productores no pudieron sostener los precios requeridos por el aumento de sus costos.

La contención de los precios no fue gratuita: la reducción de beneficios y las presiones oficiales ocasionaron disminuciones de inversión difíciles de mensurar pero seguramente significativas que pueden ser causa de restricciones de oferta interna, pérdida de exportaciones y de puestos de trabajo y fuente de presiones inflacionarias en el futuro.

Así sucede, particularmente, con el estancamiento del stock ganadero provocado por la intervención oficial en el mercado.

Ante la persistencia de la inflación el Gobierno decidió operar directamente sobre los indicadores interviniendo en el INDEC, donde modificó la metodología de elaboración de los índices, utilizando parámetros que no permiten reflejar la inflación real. En consecuencia, el índice de precios al consumidor, que es utilizado como referencia obligada en operaciones reales y financieras, ha perdido confiabilidad.

La distorsión en la información provoca incertidumbre entre quienes tienen que tomar decisiones, así como incredulidad en los consumidores que deben confrontarse con la realidad de los precios de los bienes y servicios cotidianamente. Por todo esto, es indispensable que el Gobierno acelere la prometida normalización del organismo estadístico.

En el renglón energético se ha producido una situación con algunos rasgos similares. Durante mucho tiempo el Gobierno desmereció los pronósticos pesimistas sobre la disponibilidad de energía y les atribuyó intenciones políticas.

Ultimamente, ante el peso de la evidencia, reconoció la existencia de una crisis, pero sostiene que no hay que otorgarle dramatismo. Sin embargo, para los consumidores y las empresas que sufren los costos y las molestias de la escasez, como para los trabajadores que perdieron horas de trabajo por la reducción de las actividades, es muy difícil tomar con ligereza el problema.

La diferencia entre la realidad de los hechos y el discurso oficial tiene consecuencias de diverso tipo. Una es el costo político que puede sufrir el propio Gobierno por persistir en juicios y evaluaciones cada vez más alejadas de las evidencias.

Otra es que esa estrategia puede afectar la credibilidad -de por sí bastante débil- de la ciudadanía en la dirigencia política y en las instituciones en general.

Por eso, para seguir remontando la crisis política e institucional que atravesó la Argentina es necesario que la dirigencia que opera en el Gobierno o en cualquier otro ámbito estatal mantenga prácticas políticas y de gestión transparentes, serias y confiables.

La credibilidad institucional es crucial, además, para estimular la confianza de los inversores internos y externos y lograr las inversiones indispensables para superar la crisis energética y para evitar cuellos de botella productivos inductores de inflación.

La distancia que separa los hechos evidentes de los discursos oficiales, en temas como precios y energía, puede ocasionar costos para la sociedad y para el Gobierno. La credibilidad y confiabilidad es fundamental para seguir consolidando las instituciones y para atraer inversiones indispensables para la energía y evitar cuellos de botella inflacionarios en la producción.