De la “privatización” de las calles a los linchamientos

Por Eduardo Mayora Álvarado
Siglo XXI

Es posible concebir leyes para facilitar de manera ordenada la organización ciudadana.

En búsqueda de soluciones realistas, constitucionalmente válidas y además compatibles con los principios básicos del sistema republicano de gobierno, pienso que se ha debatido poco sobre el poder legal del que pudiera investirse a los ciudadanos para que provean a su propia seguridad, la de sus familias y sus barrios.

Independientemente de muchas otras cuestiones muy importantes, como lo ha puesto de manifiesto un reciente comunicado de Amnistía Internacional, la CICIG, de aprobarse y establecerse en Guatemala, sería un instrumento específicamente orientado a la lucha en contra de estructuras criminales incrustadas en el propio Estado que atentan contra los derechos, la vida o la integridad personal de los activistas de derechos humanos. Sin embargo y aunque dé no sé qué reconocerlo, la inmensa mayoría de los habitantes de este país está mucho más preocupada por la falta de seguridad suya y de su entorno inmediato, que por ese otro tipo de fenómenos delictivos, por graves que sean.

De ahí que una buena parte de la capital de la República se haya convertido en una serie de barrios cercados y con garitas de control, en algunos casos con sistemas de identificación personal muy sofisticados. Algunos comentaristas lo entienden como una privatización de las calles, otros de la seguridad, y tampoco faltan los que caracterizan el fenómeno como una simple y llana violación de derechos constitucionales fundamentales, como el de la libre locomoción, por ejemplo.

Empero, el problema podría enfocarse desde la perspectiva de una delegación legal, es decir, fundamentada en ley, de las facultades y las consecuentes responsabilidades necesarias para prevenir acciones delictivas, a favor de los habitantes de dichos barrios o comunidades. ¿Recuerda usted las películas del “lejano Oeste”, cuando el Comisario le colocaba la placa de Agente de la Ley a unos cuantos de los vecinos del pueblo, para ir en persecución de los malhechores? Pues hablo de un concepto análogo, adecuado a las circunstancias, estado de la tecnología y debilidades institucionales del momento actual en nuestra patria.

Así, en lugar de que un conglomerado de vecinos decida tomar por las “vías de hecho” las calles de su barrio, o que los habitantes de una comunidad del interior se erijan en turba justiciera, en contra de sus propias autoridades oficiales, pienso que sería posible concebir una o más leyes para facilitar y regular de manera ordenada la organización ciudadana, delegando funciones fundamentalmente preventivas, con sus correlativas responsabilidades y procedimientos para la rendición de cuentas. Tendría que tratarse de estructuras y procedimientos muy sencillos y expeditos para no desalentar su utilización. Eso de manera alguna implica que tuvieran que ser chapuzas o remiendos a medias; lo sencillo no riñe con lo riguroso ni con lo serio.

En fin, el tema es que aunque no se justifique sí se explica que, paso a paso, los ciudadanos, los vecinos, hayan ido asumiendo de hecho –a veces con grave violación de los derechos de los supuestos delincuentes—funciones que podrían delegarse, debidamente reguladas, por medio de leyes realistas. Circunscribirse a pedirle a la ciudadanía que tenga paciencia, que deje en manos de sus autoridades la represión del crimen y la justicia, difícilmente cuaja todavía.