¡De rodillas o a la calle!

Por Liliana Fasciani M.
El Universal

Los profesionales de la comunicación se la están viendo canutas para hacer su trabajo, que es, principalmente, una función social.

La Constitución, con su amplio catálogo de derechos humanos, no se basta a sí misma para garantizar a nadie en Venezuela los derechos y libertades de los cuales somos titulares. Entre otras razones, porque se ha hecho de la Carta Magna un instrumento de uso y abuso que las autoridades del país interpretan y aplican como les conviene. Si a ello sumamos las disposiciones del recientemente reformado Código Penal relativas a los conceptos: difamación, injuria, calumnia y traición a la Patria, y si estos factores los multiplicamos por el número de inspecciones, resoluciones y sanciones emanadas de Conatel, resulta que tanto los medios como quienes en ellos trabajan necesariamente han de toparse, como en efecto sucede, con un muro de contención de la libertad.

Contra este enorme muro -más grande y más feo que los de separación entre palestinos y judíos, y entre norteamericanos y mexicanos- también nos estrellamos todos los demás venezolanos, porque vulnera nuestro derecho a expresarnos libremente, a escuchar las opiniones de los otros, a elegir lo que queremos ver y oír, a estar informados de lo que acontece dentro y fuera del país según las diferentes fuentes de información.

El despido de Marietta Santana del canal televisivo La Tele es la materialización de un objetivo en proceso: perseguir a quien disienta del discurso y la praxis socialista que se quiere imponer por la fuerza al pueblo venezolano. Marietta se queda sin programa y sin empleo, y esto no es más que discriminación y ostracismo. Se le cierra la boca al dejarla fuera de su ámbito laboral, porque sus herramientas de trabajo son, precisamente, la voz y la pluma.

El cierre de RCTV, por más que se aduzcan eufemismos insostenibles para su justificación, es la patente violación de varios derechos constitucionales tanto del canal en su condición de persona jurídica, como de las personas naturales que allí laboran y de los televidentes. La tutela jurídica establecida en el texto constitucional es aplastada por la mera voluntad de una sola persona que, dado su poder y el modo en que lo ejerce, considera que sólo él está exento de someterse al imperio de la ley.

De hecho, Hugo Chávez, ciudadano y jefe del Estado ni respeta ni obedece las leyes nacionales, como tampoco los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por el Estado venezolano.

La retaliación contra Marietta Santana y RCTV constituyen prueba fehaciente del nuevo paradigma que orienta el afán hegemónico del gobierno de Hugo Chávez. En Venezuela, expresarse ya es un delito. Por el momento, las sanciones son el despido, la multa y la clausura. La condición para mantenerse en el aire es simple: ¡de rodillas o a la calle.