Venezuela: Descontrol de precios
Por Domingo Fontiveros
El Universal
Jugar con el sistema de precios es una aventura cuyo riesgo ningún gobierno en el mundo está dispuesto a correr, excepto el de Venezuela y otros muy pocos países, que todavía están en la prehistoria económica y piensan que de esa manera se combate a la inflación. Peor aún es que declamen esta farsa como si fuera cierta para convencer a la población de que los responsables del alza excesiva de precios son los comerciantes, y no las políticas inflacionistas de los propios gobernantes.
Los controles generan escasez y la pobreza es precisamente una situación social de escasez crónica. En otras palabras, los controles producen más pobreza, en lugar de disminuirla, porque además de traducirse en insuficiencia de productos para atender la demanda, repercuten en una menor disposición a invertir para producir más. La consecuencia inmediata es escasez, y a largo plazo aún más escasez por falta de crecimiento del aparato productivo.
Hace unas décadas, Venezuela se autoabastecía de la mayor parte de sus alimentos, con excepción del trigo por razones climáticas, incluyendo leche, carne, granos, azúcar y muchos otros. En algunos casos, llegaba a exportar. Esta situación ha cambiado radicalmente desde que los gobiernos comenzaron a aplicar controles para aplacar el alza de precios de los alimentos, en lugar de procurar políticas de oferta que permitieran a la producción crecer al ritmo mayor de la demanda. Comenzó a establecerse un mecanismo perverso y recurrente de estimular demanda, frenar precios internos, subsidiar el circuito nacional e importar vía permisos burocráticos los faltantes para abastecer al mercado. A la larga este mecanismo condujo a la triste realidad de hoy, en que buena parte de la oferta de alimentos es extranjera, mientras al productor nacional se le acosa.
Esta visión rudimentaria puede servir a los intereses inmediatos de políticos y de algunos empresarios, que se enriquecen a expensas del consumidor y del tan cacareado objetivo de la seguridad alimentaria.
Pero es contraria a una concepción de desarrollo que contemple el sano crecimiento del aparato productivo interno y la reducción de la pobreza.
Si aquella fuera la manera, Venezuela y países como Zimbabwe serían de los más desarrollados del mundo, y no en retroceso económico, social y político.
En parte por ello, los venezolanos vivimos con una inflación en alimentos que es casi el doble de la inflación general, con una escasez recurrente de productos que llevan al racionamiento de hecho, con mecanismos perversos de asignación de recursos para la producción (se produce menos de lo que más se necesita) y para la distribución del ingreso (los más pobres nunca pueden superar la escasez que causa su pobreza), y con círculos de corrupción que siempre encuentran la fórmula de aprovechar desequilibrios para succionar en su provecho recursos públicos y privados. Cometer errores no es exclusividad de este gobierno, para estar claros.
Pero no recuerdo uno que fuera tan refractario al discurso racional que encarna una buena política de desarrollo. A este rechazo de la racionalidad económica le han puesto nombre rimbombante y evocador de un pasado rojo de colapsos bajo regímenes parecidos. Y declaran estar decididos a llevar al país al fondo profundo de un experimento igual.
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