La prensa en América Latina
Inquietante es la situación de la prensa en el continente, según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que examinó las actividades periodísticas de la región en su reunión semestral en Cartagena de Indias, Colombia. Los problemas más prevalentes son causados por las difíciles relaciones entre los gobiernos y la prensa independiente, pero los más graves de los últimos tiempos han sido los asesinatos impunes de periodistas.
En los seis meses que analizó dicha asamblea, seis periodistas fueron muertos y dos desaparecieron en México, y uno fue asesinado en Haití. La mayoría de estos crímenes son obra del narcotráfico, con la connivencia ocasional de algunas autoridades locales. Desde noviembre de 1987, cuando se abrió el registro de la SIP, ya se han acumulado 316 asesinatos de periodistas o trabajadores de medios, por causas directamente relacionadas con su trabajo. Muchos más han sufrido ataques violentos o han sido amenazados de muerte, incluso en Chile.
Pero la dificultad más corriente para el ejercicio de la libertad de expresión proviene de las amenazas de medidas legislativas o administrativas que plantean los gobiernos para obstaculizar la labor de los medios independientes. Cuba y Venezuela son los casos más notorios, pero igualmente preocupantes resultan las tensiones en Argentina, Uruguay, Ecuador y Bolivia. El Presidente Chávez amenaza con silenciar a la principal cadena de televisión de Venezuela (Radio Caracas Televisión), quitándole la concesión debido a su línea editorial. No disimula sus propósitos y afirmó que pensaba comprar los equipos de la estación; si no se llegaba a acuerdo en el precio, los expropiaría. Entretanto aumentó su presión sobre el canal de noticias Globovisión, imponiéndole multas, presentando demandas judiciales en su contra y denegándole la autorización para ampliar sus frecuencias. Además, varios periodistas de medios independientes han sido atacados físicamente o se les ha denegado el acceso a ciertos eventos por las fuerzas del gobierno.
En Chile, la prensa puede desarrollar su tarea, pero subsisten amenazas legislativas que podrían cambiar el marco regulatorio actual, que ha permitido ese razonable desenvolvimiento. Tras años de debate, se promulgó en 2002 una Ley de Prensa, y aunque desde entonces se han registrado algunos avances en cuanto al acceso a las fuentes públicas, surgen con frecuencia proyectos contrarios a ella. Ahora, una comisión de la Cámara de Diputados impulsará iniciativas relacionadas con los medios, otra investiga la asignación de publicidad por el Estado, y la Fiscalía Nacional Económica acaba de archivar una denuncia infundada, por supuestas faltas a la libre competencia.
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