No más presos por difamación

Por Edwin Brítez
ABC Digital

La Cámara de Senadores de México aprobó la semana pasada las reformas que despenalizan la calumnia y la difamación, y transfirió esos delitos al fuero civil. La medida, que será aprobada también por el presidente Felipe Calderón, permitirá que ningún periodista pueda ser procesado penalmente por difundir su información y sus opiniones.

El argumento esgrimido es que deben ser los jueces de lo civil quienes resuelvan si las personas y periodistas actúan dentro o fuera de la ley al difundir su información u opiniones.

Con esta disposición se deja en claro que “no se debe restringir o inhibir la libertad de expresión por medio de la legislación penal”, pero prevé la reparación del daño moral correspondiente con la obligación de rectificar la información difundida en el mismo medio donde fue publicada, con similar espacio e igual circulación y audiencia.

La sanción de esta reforma pone en tutela dos principios jurídicos relevantes: el derecho a la libre expresión y el derecho a la privacidad, al honor y a la buena reputación, aunque deja para la polémica el cuestionable deber de la prensa de hacer la rectificación en el mismo espacio y a la misma audiencia, obligación que para prestigiosos juristas internacionales representa una intromisión estatal en el ejercicio de la libertad de expresión.

No obstante, es interesante el paso dado por el Estado mexicano, que esgrime también como argumento que, en las sociedades democráticas, el Estado no debe emplear necesariamente el sistema penal para restringir o inhibir la libertad de expresión y la crítica al ejercicio del poder, sin que esto signifique la desprotección de las personas.

A partir de ahora, los periodistas mexicanos ya no sufrirán la “pena del mensajero”, ya que el criterio legal prevaleciente es que “la reproducción fiel de la información no da lugar al daño moral, aún en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona, pues no constituye una responsabilidad para el que difunde dicha información, siempre y cuando cite la fuente de donde se obtuvo”.

La conquista de la libertad de prensa y de expresión es una tarea lenta que, no obstante, experimenta avances.
El problema es que los atropellos a tal libertad tienen casi siempre una mayor velocidad, sencillamente porque el logro no va acompañado de políticas de saneamiento y de extirpación de los poderes fácticos, como la mafia, el narcotráfico y la corrupción del poder.

Una mayor libertad representa mayor facilidad para el ejercicio del periodismo y, por tanto, un valor agregado para la sociedad, pero de poco sirve más libertad para los periodistas que siguen muriendo en el ejercicio de su profesión, como soldados en una guerra, si ella no va acompañada de una protección real contra los superpoderes.

Los gobiernos de dudosa democracia tratan de limpiar sus conciencias con la adopción de medidas legales a favor de una mayor libertad, pero ¿y la vida?, ¿qué hacen para protegerla en el caso de los periodistas? Es necesaria mayor coherencia para que creamos en sus verdaderas intenciones.