La vendetta de Chávez

Por Eduardo Ulibarri
El Nuevo Herald

San José — ¿Dónde están, realmente, la ”alianza bolivariana”, la unidad latinoamericana y la solidaridad continental que pregona Hugo Chávez?

Sólo en sus discursos, responderán 400 trabajadores de Alunasa, una exitosa empresa procesadora de aluminio, propiedad del Estado venezolano, que opera en Costa Rica.

El 21 de febrero, tras una serie de inquietantes rumores, Chávez anunció el cierre de la planta, mientras servía de anfitrión, en la región del Orinoco, a su colega argentino, Néstor Kirchner.

Aunque calificó las razones como ”geopolíticas, económicas y técnicas”, sus móviles son más turbios. Se trata de una vendetta personal, mediante la cual, como dueño único de los bienes y haberes de su país, decidió pasar la cuenta al presidente Oscar Arias, por sus moderadas críticas a los poderes especiales que le otorgó el Congreso venezolano.

Las palabras de Chávez no pudieron ser más claras: “Jamás me he metido con él (Arias). Bueno, no me había metido. ¡Ahora él me dio plena libertad para responderle, pues”.

Cuando el Congreso venezolano transfirió a Chávez la capacidad de legislar de forma individual por 18 meses, participó en el más burdo acto de claudicación democrática en la historia reciente de América Latina.

Muy pocos líderes latinoamericanos criticaron la decisión en público. Arias, consultado por un medio de prensa, deploró el hecho. Ni siquiera dijo que era una violación a la democracia o que Chávez se había convertido en un virtual dictador. Como Presidente, desplegó la línea central de la política exterior costarricense, volcada hacia el respaldo a la democracia, la libertad, los derechos humanos y la paz.

Para Chávez, las observaciones de Arias no fueron un ejercicio de la soberanía que él tanto pregona, sino una especie de desafío callejero y una señal de sumisión a Washington, a pesar de que el Presidente costarricense ha sido un fuerte (aunque racional) crítico de algunas facetas de la política estadounidense, sobre todo la venta de armas.

Como capataz acostumbrado a tratar a ciertos países como peones, Chávez no podía tolerar siquiera una observación crítica y, contra toda lógica financiera, técnica o comercial (e incluso geopolítica), y contra los propios intereses de Venezuela, decidió cerrar un buen negocio, para ”meterse” con Arias.

El 26 de febrero, tras una reunión con una delegación de empleados de la empresa, dijo que reevaluaría el cierre de la planta y que, por el momento, seguiría el envío de materia prima desde Venezuela. De nuevo, los humores de Chávez, quien se calificó de ”muy contento”, como razón de Estado.

Alunasa ha sido una sólida empresa desde su adquisición, en 1990, por una corporación estatal venezolana. En Costa Rica ha disfrutado de las garantías de un Estado de derecho. Sus utilidades han ido en crecimiento, lo mismo que la penetración de sus productos en mercados como el canadiense, el estadounidense y el mexicano.

Es decir, no existe ningún argumento racional para abandonar su operación, como tampoco Venezuela ha abandonado sus inversiones o estrecha relación comercial con Estados Unidos.

Si la medida se concretara, su impacto sobre la economía costarricense no sería dramático. Alunasa representa una ínfima parte de la producción total del país. El efecto inmediato lo padecerían los trabajadores que perderían su empleo.

Si lo que Chávez pretendía, en el fondo, era debilitar a Arias, quien también se ha atrevido a pedir democracia en Cuba, logró el efecto contrario. Dentro de Costa Rica se ha producido una ola de rechazo contra su vendetta, que incluso ha obligado a algunos dirigentes de izquierda a criticarla.

La consigna implícita entre los costarricenses ha sido que la medida debería enfrentarse con seriedad y solidaridad con los afectados directos, pero, también, con firmeza y dignidad de país soberano. Porque ningún ciudadano consciente de su poder democrático aceptará que un gobernante demagogo y autoritario, como Chávez, pretenda cambiar los valores compartidos que guían su política exterior, ni su aplicación por parte de un Presidente libremente elegido que, además, es Premio Nobel de la Paz.