Paraguay: Se debe cambiar la justicia sometida a los políticos

Editorial- ABC Digital

La Concertación Nacional resolvió impulsar todos los mecanismos que puedan llevar a la destitución de cinco ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de dos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), pues no solo desconfía de todos estos, sino que también está convencida de que existe un plan oficialista que se valdría de la administración de justicia y fundamentalmente de la CSJ y del TSJE para evitar un triunfo opositor en las elecciones del 2008.

Ciertamente, no faltan motivos para la desconfianza de la Concertación, pero lamentablemente lo que en realidad está viendo la nación, más allá de episodios como el actual, es el fracaso de la Constitución de 1992 en cuanto a la organización y control del Poder Judicial.

Esta Constitución, dejando de lado experiencias tanto nacionales como mundiales, quiso -primer error- que todos los jueces (aun los de la CSJ, ha dicho ella misma) solo durasen cinco años en sus cargos. Dispuso además -segundo error- que los ministros de la Corte y del TSJE fueran nombrados por el Senado, con acuerdo del Poder Ejecutivo.

Completó su lista de errores con dos creaciones -las del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados- que con el paso del tiempo se han mostrado progresivamente menos apropiadas ante las realidades de la política.

La primera integración de la Corte Suprema conforme a la Constitución del ’92 recién pudo lograrse unos tres años más tarde, y para ello se tuvo que recurrir al “Pacto de Gobernabilidad” -así se lo llamó- basado en “cuotas de poder”. La Constitución quería jueces competentes, imparciales e independientes, pero los senadores -todos políticos- eligieron a los ministros en función de motivos políticos, relegando en varios casos la aptitud y calidad de los designados a un notorio segundo plano.

El paso del tiempo acentuó los defectos del sistema adoptado. Pronto un juicio político destituyó o hizo renunciar a cinco ministros de la Corte, entre ellos algunos de los mejores que tenía. El siguiente nombramiento de ministros fue peor que el anterior y también resultó en un juicio político seguido de nuevas designaciones aun más dudosas que la anterior.

La intención de la Concertación Nacional de sacar de la CSJ y del TSJE a varios de sus miembros actuales puede ser necesaria y justa, pero el problema no se limita a solo esos dos altos organismos judiciales, sino a que todo el sistema constitucional referente al Poder Judicial se ha mostrado sumamente propicio a ser manejado por la política y los políticos.

El Poder Judicial actualmente cuenta con escasa credibilidad y por ello mismo, así como por otros motivos, se encuentra en un estado de esencial debilidad. Un cambio político fuerte parece estar acercándose a cada día, y cuando se produzca, fácilmente podría ser totalmente destruido. Con ello, la ley misma, por más buena que sea, puede no significar nada.

La nación, en suma, requiere con urgencia un buen Poder Judicial. Aún está a tiempo para establecerlo. El tiempo de los artilugios y las mañas se está acabando y es hora de que renazca la seriedad.