Paraguay: Salarios del primer mundo para algunos

ABC Digital

La directora de Aduanas, Margarita Díaz de Vivar, firmó el 31 de enero pasado una resolución mediante la cual otorga salarios de primer mundo para algunos funcionarios considerados privilegiados de la institución. El hecho no sería de mucha relevancia si las asignaciones hubieran sido el resultado lógico de concurso de méritos.

Lo concreto es que genera muchas quejas porque algunos de los beneficiados serían recomendados, incluso mediante las influencias de padrinos políticos, según una denuncia arrimada a este diario por fuentes que pidieron el anonimato, por razones obvias.

El tema tiene que ver con la Resolución N° 37 de la Dirección Nacional de Aduanas, a través de la cual se reglamenta el pago de remuneraciones temporales y asignaciones complementarias a funcionarios de la entidad, de acuerdo con lo dispuesto por la ley de presupuesto 2007 y su decreto reglamentario.

ESCALA DE LA DISCORDIA

En el Art. 13 de la disposición, la titular aduanera fija una escala especial de gastos de residencia para los funcionarios de la institución que son comisionados para prestar servicios en las delegaciones del exterior. En el cuadro que acompaña este material se observan los montos asignados que van desde G. 2 millones a G. 30 millones.

Los más elevados corresponden a los delegados titulares y adjuntos, así como a asesores en Buenos Aires, Argentina; Paranaguá, Brasil, e Iquique, Chile.

Según nuestras fuentes, el asesor en Buenos Aires es Ricardo Rojas, hijo del diputado Miguel A. Rojas Salvioni, que ocupa un cargo anhelado por funcionarios de carrera.

Sin embargo, el nombrado, sin experiencia en la institución, fue designado hace algunos meses por Díaz de Vivar. Los denunciantes piden que la directora aduanera detalle los méritos del hijo del diputado.

Aduanas se ha convertido en un ente autónomo desde la aplicación del nuevo Código Aduanero. Empero, sus autoridades tienen la obligación de rendir cuentas sobre el mecanismo de selección de los funcionarios públicos y la Contraloría General la obligación de investigar la denuncia.