Un programa que no convence

Por Yolanda Arenales
La Opinión

Empleadores están divididos acerca de la eficacia del sistema de verificación voluntaria de elegibilidad de trabajo de inmigrantes

Hasta ahora, en Estados Unidos unos 12 mil empleadores participan en el Programa Piloto Básico, lanzado en 1997 con carácter voluntario como un sistema para ayudar a las empresas a verificar que sus trabajadores inmigrantes tienen permiso para laborar legalmente en el país.

Aunque los resultados no son muy claros, el programa ha estado cargado de críticas tanto por parte de empleadores como de grupos defensores de los trabajadores.

El Centro Nacional de Leyes de Inmigración dio a conocer recientemente un reporte diciendo que el programa es cargado con “información obsoleta e inexacta” en su base de datos, “mal uso del programa por parte de empleadores y falta de protección adecuada a la privacidad”.

“No funciona”, señala David Whitlock, de la firma Fisher &Philips. “Si alguien extiende su permiso de trabajo, el programa no lo registra. Igual sucede con los cambios de estatus migratorio”.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (CIS), los más de 12 mil empleadores que usan el sistema representan unos 54,304 puntos de contratación de todo el país.

Según declaraciones públicas de la Cámara Hispana de Comercio de Estados Unidos (USHCC), el 40% de los trabajadores rechazados debido al programa piloto tiene autorización para trabajar. Los errores afectan particularmente a la población hispana, entre la que se registra el mayor volumen migratorio. Además, algunos consideran que el programa ha demostrado ser “peligroso” para los empleadores.

“Cada vez hay más casos de empresas que voluntariamente usan el sistema y luego luego son auditadas y penalizadas”, argumenta Ignacio Donoso, abogado de la firma Monty Partners, con sede en Houston y especializada en asesorar a empresas propiedad de hispanos.

Expertos en inmigración consideran que en cuanto a riesgo de sanciones por emplear a indocumentados, el problema es más grave para las grandes empresas, que son las que atraen más atención de las autoridades.

En diciembre pasado, una investigación federal de robo de identidad llevó al arresto de 1,282 trabajadores en las plantas de Swift & Co., en Utah, y otros cinco estados. La compañía participaba en el Programa Piloto Básico.

Sin embargo, dice Donoso, también afecta a los pequeños negocios que tienen menos recursos para cumplir con leyes que no responden a una visión realista de la situación migratoria y económica del país.

Recientemente, en su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2008, el Presidente George W. Bush solicitó 30 millones de dólares para mejorar este programa, aunque no se especifica de qué forma. Por orden del Congreso el programa continuará de manera voluntaria hasta noviembre de 2008.

Algunos especulan que su generalización y obligatoriedad podrían formar parte próximamente de un enfoque más restrictivo de la legislación migratoria, que se enfrenta al problema de contar con 12 millones de indocumentados en el país, una cuarta parte de ellos con más de 10 años en el país.

Según el Centro de Estudios de Inmigración, con sede en Washington, la expansión nacional de este programa costaría entre 2,000 millones y 12,000 millones de dólares.

Mientras tanto, miles de empresas tienen en su plantilla —a sabiendas o por ignorancia— a trabajadores indocumentados. Y aunque es sabido que determinados sectores económicos, principalmente en las industrias de turismo, restaurantes o construcción, entre otras, colapsarían si tuvieran que prescindir de la mano de obra indocumentada, la presión sobre los empleadores aumenta.

“Las leyes no han cambiado, pero las penalizaciones se aplican más a menudo y con más intensidad”, dice Elena Park, abogada de la firma Cozen O’Connor, especializada en legislación migratoria laboral.

Whitlock opina que la responsabilidad no debería recaer casi exclusivamente en los empleadores, pero señala que hasta que se aborde la reforma migratoria de una forma comprensiva, las empresas y dueños de negocio deben actuar con mucha cautela a la hora de contratar.

Contratar a trabajadores indocumentados es ilegal desde 1986, cuando entró en vigor la Ley de Control y Reforma de Inmigración, pero por mucho tiempo empleadores y funcionarios de inmigración se “han hecho la vista gorda” ante posibles irregularidades.

Mantener en los archivos el formulario I9 —por el que se requiere prueba de residencia legal y permiso para trabajar— era casi el único trámite que se requería de un empleador dispuesto a cumplir la ley.

Pero la verificación de los documentos no es particularmente sencilla para quienes no son expertos legales o funcionarios de inmigración porque existen 29 tipos de formatos diferentes con los que aportar prueba de autorización para trabajar.

“El problema es que los empleadores no tienen ningún sistema de verificación efectiva”, dice Benjamín Johnson, director del Centro de Política de Inmigración de la Fundación Americana de Leyes de Inmigración (AILF), señalando que ésta es una crisis migratoria que duplica a la de los años 80, cuando se calcula que había unos seis millones de indocumentados en el país.

Park comenta que la situación actual es muy delicada para los empleadores.

“Se les sanciona si contratan a indocumentados, pero también pueden ser demandados discriminación si rechazan a alguien basándose sólo en sospechas”.

Organizaciones como la Federación Nacional de Negocios Independientes (NFIB) señalan que sus miembros se enfrentan a las contradicciones de la situación actual con una visión dividida con relación al problema de la inmigración. Casi la mitad se opone a una amnistía migratoria, mientras que la otra mitad la favorece, según una encuesta realizada en 2006.

Pero aunque muchos desconfían de la efectividad del programa piloto, los abogados expertos en negocios y leyes migratorias coinciden en aconsejar la máxima diligencia y recomiendan a sus clientes que verifiquen ellos mismos la elegibilidad del solicitante para trabajar en EU llamando a la Oficina del Seguro Social, lo cual es un trámite gratuito y relativamente rápido.