EE.UU.: No podrán aumentar sentencias los jueces

Por Maribel Hastings
La Opinión

WASHINGTON, D.C.— La Suprema Corte de la nación catalogó de anticonstitucional parte de la ley de sentencias de California de 1977 que otorga a los jueces la discreción de incrementar las sentencias sin que medie un jurado. Expertos creen que el fallo supondrá la probable revisión de miles de casos de convictos buscando penas más reducidas (sobre todo casos recientes y en apelación), aunque no implica que todos conseguirán la reducción de sus sentencias.

Kara Dansky, directora ejecutiva del Centro Stanford de Justicia Criminal, explicó a La Opinión que el fallo de votación 6-3 también supone que “California tendrá que buscar la manera de modificar la estructura (de su sistema de sentencias) para ser consistente con el fallo”. La legislatura estatal, agregó, también podría modificar el sistema creando una comisión sobre sentencias que acumule y analice la información sobre las mismas y permita fijar mecanismos que también cumplan con el fallo.

De hecho, la decisión se produce en medio de un debate estatal sobre las políticas que rigen las sentencias en California y sobre la forma de reducir la sobrepoblación carcelaria y sus altos costos fomentados en parte por el riguroso sistema de sentencias del estado. Pero el fallo no tiene que ver con la duración de las sentencias sino con los mecanismos mediante los cuales se imponen sentencias más largas.

El fallo se desprende del caso de John Cunningham, un policía retirado de California que en 2003 fue sentenciado a 16 años de prisión por abusar sexualmente de su hijo de diez años de edad.

La ley de sentencias de California permite que el juez imponga un punto medio entre tres posibles sentencias. En el caso de Cunningham las opciones eran seis años, 12 años y 16 años de prisión. El término medio es 12 años pero la sentencia puede incrementarse (como ocurrió) si el juez determina que hay otros factores de peso que así lo ameriten aunque los mismos no hayan sido determinados por un jurado. Esto aplica a todos los delitos graves excepto asesinato y otros que conlleven cadena perpetua bajo la ley de los “tres delitos y fuera’.

En el caso de Cunnigham, el juez lo sentenció a 16 años de prisión por factores agravantes. El caso llegó al máximo tribunal y sus abogados argumentaron que a la sentencia de 12 años (el término medio) el juez le agregó cuatro años basándose en datos que deben ser decididos por un jurado y no por un juez según las protecciones constitucionales de la 6ta y 14ta enmiendas.

El Supremo estuvo de acuerdo. La juez Ruth Bader Ginsburg escribió a nombre de la mayoría que en el caso de Cunningham, “el veredicto del jurado en sí mismo limitó la sentencia permisible a 12 años pero la búsqueda adicional de datos de parte del juez resultó en una sentencia mayor de 16 años. El Tribunal de Apelaciones de California confirmó la sentencia más severa pero nosotros revertimos esa disposición porque el alza de cuatro años…le niega al peticionario el derecho a un juicio por jurado”.

“La pregunta que se sometió es si la ley de sentencia determinada viola el derecho a un juicio por jurado salvaguardado por las enmiendas 6ta y 14ta. Sostenemos que así es”, agregó Ginsburg.

Empero, el fallo no especifica los cambios que la ley debería seguir. Ginsburg escribió que “la pelota está en la cancha de California…que puede seguir a otros estados y pedirle a los jurados que determinen los datos necesarios para la imposición de una sentencia más elevada.”

Jeffrey Fisher, profesor asociado de Leyes en la Universidad de Stanford, dijo a La Opinión que existe el potencial de que miles de casos se reabran aunque no ofreció una cifra aproximada. “Hay dos categorías: las personas que ya fueron sentenciadas, sobre todo en los pasados dos años, y que pueden solicitar una revisión de sus casos para determinar qué datos se emplearon en la determinación de sus sentencias”, indicó Fisher.

Y aunque “miles de casos pueden ser revisados, eso no necesariamente quiere decir que (las sentencias) van a cambiar”.

La otra categoría de casos afectados por el fallo son los de las personas que aún no han sido sentenciadas, explicó Fisher. El fallo podría suponer “mayores protecciones” en términos de obtener una sentencia más reducida.

Fisher tampoco quiso pronosticar qué pasos podría tomar la procuraduría de California.

Pero agregó que dados los anteriores fallos del máximo tribunal en casos similares, los estados han optado por seguir lineamientos dentro de los parámetros de la decisión de ayer.

Por ejemplo, en 2004 la Corte Suprema falló en contra de una ley del estado de Washington y afirmó que los datos que usa un juez para aumentar la sentencia de un convicto deben ser admitidos por el acusado o probados ante el jurado.

Y en 2005 el máximo tribunal dijo que las guías federales sobre sentencias eran anticonstitucionales porque eran los jueces y no los jurados los que decidían los datos que afectaban las sentencias.