Chile: Delitos con propiedad intelectual

Editorial – El Mercurio

En la lista norteamericana que califica a los países según la protección y respeto que se otorga a los derechos de propiedad intelectual, Chile ha entrado en la clasificación roja. En otros términos, el país ha ingresado al grupo que menos mecanismos de protección efectivos presenta y en que más atentados contra dicha propiedad se cometen proporcionalmente.

Ha habido amplio seguimiento noticioso respecto de falsificaciones de libros y salidas de estas especies “mendaces” al mercado incluso antes que las propias editoriales hagan sus lanzamientos o traducciones.

Hay que tener presente que detrás de este mercado subyace una estructura más compleja y que también trasciende al comercio callejero de discos y películas. Ella está representada, por una parte, por la industria de la reproducción que se ha establecido en nuestro país y, por la otra, por el amplio consumo de estas falsificaciones. La venta es sólo el último eslabón de la cadena, pero así como detrás de ella existe una maquinaria montada que no sólo copia y plagia, sino que incluso traduce las obras que se falsifican, delante de ella hay un amplio sector de demandantes. Esto constituye un estímulo permanente para el plagiador.

Para enfrentar el problema, es imprescindible contar con una política pública de protección que se refleje en diferentes actores institucionales. Probablemente el Ministerio Público debería crear y dotar de recursos a fiscalías especializadas para la persecución de estos delitos no sólo en el último eslabón (la venta), sino apuntando directamente a la producción y a todos los partícipes de la cadena. Hay que tener presente que estos delitos suelen ser bastante menos apreciados a la hora de optimizar la persecución frente a los delitos de mayor connotación social. El problema es que se trata de delitos “de masa” que se cometen institucionalmente y a gran escala.

Pero Chile está mal calificado en estos temas no por los atentados delictivos contra la propiedad intelectual, sino por el desprecio social generalizado hacia esta clase de derechos. En otros términos, para que exista este mercado se requiere siempre de un consumidor. La fotocopia de libros es una práctica institucionalizada en universidades y colegios y nadie siente que se comete una falta con ello. Adicionalmente, no extraña aquí que un canal de televisión replique, con otro nombre, un programa idéntico a alguno creado por la competencia.

El problema de fondo, por tanto, es que no existe en nuestro país una conciencia de que la propiedad intelectual es un derecho tan potente y resguardable como la propiedad sobre cualquier otro bien.