A ver quién paga menos impuestos

Por José María García-Hoz
ABC

En la soterrada batalla que libran Barcelona y Madrid para erigirse con el título de campeón político y económico del Reino de España, se ha abierto un nuevo frente: los impuestos; como los gobiernos autonómicos obtienen crecientes competencias fiscales, los impuestos se han convertido en un arma muy útil para señalar la identidad política de cada quien, y también para competir económicamente en el panorama nacional.

El primer paso lo ha dado Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, al abolir el coste impositivo de sucesiones y donaciones. Este impuesto tiene escasa capacidad recaudatoria, económicamente equivale al chocolate del loro, pero suprimirlo es un gesto de alto contenido simbólico, en la medida que explicita la filosofía política del Gobierno madrileño. Para una liberal como se declara la presidenta de la Comunidad de Madrid, rebajar impuestos resulta condición definitoria, un liberal siempre tratará de disminuir el peso del Estado en favor del de las personas y la sociedad civil.

Y viceversa, para un gobierno de mayoría socialista y en todo caso de ideología izquierdista, como es el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, los impuestos son la herramienta perfecta para enarbolar la engañifa igualitaria. Aunque debido a su calendario electoral, la Generalidad sólo cuenta con la prórroga del presupuesto del año pasado, resulta poco arriesgado apostar a que en los nuevos presupuestos no se incluirá ninguna rebaja impositiva. Por el momento, la única reacción de la Generalidad a la rebaja madrileña ha sido un punto esquizofrénica, pues al proponer que el Gobierno de España impida rebajas fiscales a los gobiernos autonómicos parece estar arrojando piedras sobre su propio tejado autonómico.

Pero además de cuestiones ideológicas entre liberales y socialistas, la fiscalidad tiene consecuencias prácticas de primera magnitud: los impuestos bajos constituyen una atracción de primer orden para empresas y particulares. El ejemplo más claro de esta situación es el de Irlanda, país de la Unión Europea que durante los últimos diez años ha registrado un crecimiento económico impresionante; en el origen del “milagro irlandés” se encuentra una fiscalidad mucho más favorable para las empresas que en cualquier otro país de la Unión Europea. Al calor de esos impuestos bajos, muchas sociedades norteamericanas, y también europeas, han situado en Irlanda su sede social, provocando a su vez ese envidiable crecimiento económico.

Dentro de España también cabe señalar que las especiales condiciones fiscales de Navarra -donde desde hace años no se paga el impuesto de sucesiones y donaciones- también ha representado un factor de crecimiento económico de la Comunidad Foral. Y esa debe ser justamente la preocupación de la Generalidad: que una parte del entramado de empresas familiares catalanas -para las que la fiscalidad en la sucesión sí resulta muy relevante- se plantee el traslado a regiones fiscalmente menos onerosas.

Habrá quien se alarme ante el peligro de que se desate una guerra fiscal entre las regiones españolas que podría conducir al desequilibrio financiero público de todo el conjunto. Aunque la capacidad de equivocarse de los políticos resulta ilimitada, de momento no hay motivos para la alarma, pues las competencias fiscales de las autonomías son todavía reducidas. Quizá lo más apropiado sea hacer de la necesidad virtud y mirar la parte positiva de la cuestión: si la medida tomada por la Comunidad de Madrid aporta algún resultado positivo en términos de traslado de empresas y patrimonios desde Barcelona, todos los planteamientos fiscales, incluidos los del Estado, deberían ser revisados a la baja.

En todo caso, resulta necesario recordar que en la actualidad el debate fiscal de la Unión Europea está justamente en lo contrario: en el camino hacia la armonización fiscal de todos los países miembros, el primer paso consiste en impedir que se declare una guerra fiscal en la que los Estados rebajen impuestos como método de atraer inversiones y empresas. O sea, que allí donde la Unión Europea trata de armonizar y homogeneizar, España marcha justo en la dirección contraria que sus socios europeos. Alguien debe estar equivocado.