El poder y la corrupcion
Por Cristian Larroulet
Libertad y Desarrollo
Lord Acton, famoso pensador inglés del Siglo 19 decía que “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe completamente”. Con la experiencia del último siglo se podría perfeccionar esa frase diciendo que “el poder sin alternancia produce corrupción”. Son famosos por su impacto político, los casos de corrupción de las últimas décadas en España, México, Italia, en ellos la falta de alternancia en el poder facilitó actos de corrupción que llevaron a la desaparición de partidos, coaliciones políticas y grandes líderes de la esfera pública. Es lo que observamos hoy en la Concertación con los casos Chiledeportes y Programas de Empleo de Gobierno.
El problema de fondo lo señaló Edgardo Boeninger: “desde el comienzo en la Concertación se pensó que así como el dinero privado favorecía fundamentalmente a los partidos de derecha, no sería ilegítimo recibir financiamiento público a través de los recursos estatales”. Esa visión está en la raíz de los problemas de corrupción que hoy se debaten. Las principales autoridades de la Concertación, pensaban desde un comienzo que era legítimo utilizar los dineros de todos los chilenos para dirigir y mantenerse en el gobierno.
Esa mirada, profundamente cuestionable desde el punto de vista ético y de los valores democráticos, es la que ha permeado en distintos niveles durante los últimos 16 años. Se reflejó cuando los Ministros de Estado recibían sobresueldos y, a diferencia de los chilenos comunes y corrientes, no pagaban los impuestos correspondientes. Luego en aquellos parlamentarios que usaban su poder para extraer recursos desde empresarios privados que solicitaban permisos para desarrollar actividades de revisión técnica de vehículos. Recordemos que varios diputados perdieron su cargo. Igual lógica tiene el caso MOP-GATE donde se hacía uso de la capacidad de presión de un Ministerio con grandes recursos económicos para mejorar sueldos y, se sospecha, para financiar campañas políticas. Resultaba inevitable que esta visión, más las conductas descritas que involucraron a altos niveles del Gobierno, llegaran hasta los mandos medios o los denominados “operadores”. Como lo señalan, tanto en privado como en público, altos personeros de la Concertación, es probable que el problema esté extendido a muchas otras instituciones gubernamentales, a funcionarios y a agentes de instituciones públicas en todo el país.
Es imposible detectar todos los casos de corrupción de hoy. Gran parte de las medidas de la agenda de la Presidenta Bachelet son un paso importante para avanzar en mecanismos e instituciones que desalienten la corrupción. Sin embargo en el contexto descrito, esa agenda es insuficiente ya que no incluye a las empresas públicas y no profundiza en la eliminación de los cuoteos políticos a niveles medios y la inclusión de todos los servicios públicos en un sistema profesional de administración del Estado. Pero lo más importante, lo anterior no servirá si no se va al fondo del problema: el reconocimiento por parte de las más altas autoridades de la falta ética que significa actuar como si fuera legítimo apropiarse de recursos de todos los chilenos para financiar la actuación de sólo un grupo político.
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