Contra la libertad

Por M. Martín Ferrand
ABC

LA Historia de España es, llevada a la síntesis y la caricatura, la gran crónica de cómo el poder político y el religioso, juntos o por separado, han tratado de inmiscuirse en la vida y la libertad de los ciudadanos.

El intervencionismo es la constante que mejor se observa entre las muchas, y muy negativas, que conforman la identidad nacional. De ahí que, entre nosotros, el ejercicio de la libertad individual haya tenido tintes de heroísmo y tenga, todavía hoy, el mérito de la rareza y la excepción. Unos quieren salvarnos el cuerpo y otros el alma y, ante tanto socorrista voluntario, estamos instalados en el recelo y a la espera de la próxima embestida de cualquiera de los poderes. Tanto de los tres que, patológicamente, tienden a fundirse en el Estado como de los fácticos, que también nos meten la mano en el bolsillo y el corazón en un puño.

No es cuestión de ideología o colores. En eso del intervencionismo apenas hay diferencias entre unos y otros. Ahí tenemos, por ejemplo, al PP, que, a pesar de sus prédicas liberales -una superchería-, acaba de presentar en el Congreso una proposición no de ley para que el Gobierno tenga en cuenta el número de miembros de las familias al incrementar las tarifas de agua, gas y electricidad. Pavorosa estampa la del anacrónico adormilamiento mercantil que protagonizan nuestros dos primeros partidos políticos y que, para anclar la desgracia, podría haberse producido en sentido contrario. El Gobierno interrumpe los ritmos del mercado y mete sus manazas en el trato mercantil entre clientes y proveedores. La oposición -tan cándida, tan benéfica-, lejos de clamar por la libertad, confirma el intervencionismo, pero con un benéfico polinomio que establece la relación kilowatio/hora/precio/número de hijos.

Es, ya digo, el fatalismo de nuestra Historia. El mercado, el marco más eficaz para la libertad, produce pánico entre quienes gobiernan o pueden llegar a ello. Todo tiene que estar bajo control y, mejor todavía, cubierto de una pátina “social” que acredite lo buenos y caritativos que somos todos. Establecer un precio para el kilowatio en función del número de hijos, o de abuelos, es un paso adelante en el camino de regular, con parecidos criterios, la venta de naranjas o la de carne. ¿Tienen los pobres derecho a comer solomillo? ¿Los ricos pueden acaparar pollo en sus frigoríficos?

En 1671 una orden de Carlos II, El Hechizado, de consuno con la autoridad eclesiástica, estableció una licencia especial para que los pobres pudieran pedir limosna. Se acreditaba la posesión de tal autorización con una tablilla con la imagen de Nuestra Señora que los mendicantes debían llevar al cuello en sus horas de -digamos- trabajo. Mucho reglamento y poca chicha. Algo, un gen histórico, nos impide digerir el valor de la libertad y, además, ¡es tan confortable que piensen y decidan por nosotros!