Argentina: Precio que sube, precio que se controla

Por Néstor O. Scibona
La Nación

El gobierno de Néstor Kirchner ha vuelto a comprobar en carne propia que la ley de oferta y demanda no puede reemplazarse por un decreto de necesidad y urgencia. No resulta sencillo, ciertamente, pretender administrar precios caso por caso en tiempos de cotizaciones internacionales récord para los alimentos, shock petrolero, fuerte aumento de la demanda externa e interna, dólar alto frente al peso y salarios reales en ascenso. Aunque ya no se trate, como en otras épocas, de la explosiva fórmula de reprimir inflación mientras el déficit fiscal provocaba inundaciones monetarias, la actual estrategia de sacar tarjeta roja cada vez que algún precio amenaza con quedar en off side sólo asegura seguir acumulando distorsiones en la economía.

Primero fue la carne, después el gasoil, luego las frutas y verduras, y ahora le toca el turno al maíz. Todo queda subordinado al objetivo político de cerrar el año con una variación de un dígito en el índice de precios al consumidor (IPC). Los controles ex post o la prohibición de exportaciones son una contradictoria forma de aplicar el “modelo productivo y exportador” basado en el dólar alto. O de asumir de la peor manera que, como la Argentina exporta lo que come, no se ha encontrado un mecanismo razonable para evitar que precios internacionales en alza se conviertan en un castigo para los consumidores y para los productores.

La suspensión de exportaciones de maíz se veía venir después de que las cotizaciones subieran más de 45% (de 95 a 140 dólares la tonelada) en los últimos dos meses. No tanto por su incidencia directa en el IPC, que es irrelevante, como por su impacto como insumo de otras actividades como el engorde de ganado, subproductos como aceites y alimentos balanceados, o la producción de otros alimentos elaborados, que sí empujan hacia arriba el índice. Lo que era una bendición para los productores se transformó en una maldición para el Gobierno, que volvió a reaccionar como lo hizo meses atrás con la medida más traumática que haya adoptado hasta ahora: la prohibición de exportaciones de carne vacuna. Esta decisión ya implicó una pérdida cercana a los 500 millones de dólares en ventas externas. A ello debe sumarse el sacrificio fiscal directo de por lo menos 100 millones de dólares en retenciones, sin contar con el presumible desvío de hacienda hacia países limítrofes para su posterior venta a terceros mercados, que resulta difícil de cuantificar. Demasiado costo a cambio de una reducción de 2 puntos porcentuales en el IPC anual.

Quizás en aquella conflictiva señal pueda encontrarse también una explicación para el inusual comportamiento especulativo de los exportadores de granos en los últimos meses. Según datos de la consultora Tecei, especializada en mercados agrícolas, las declaraciones de exportación de maíz para la próxima campaña sumaron ya 10 millones de toneladas, pese a que hasta ahora se completó 80% de la siembra y la cosecha recién se levantará a partir de abril de 2007. Sólo en los últimos diez días hubo declaraciones por 2 millones de toneladas. Quienes siguen de cerca el mercado suponen que los exportadores buscaron cubrirse aún antes de conocer el volumen de la cosecha, que en la campaña anterior fue de 8 millones de toneladas y en la próxima podría trepar a 15 millones debido a los buenos precios. Descontaban que el Gobierno actuaría con el maíz como lo hizo con el aumento del petróleo o de las carnes. O sea, aumentando las retenciones o prohibiendo exportaciones. Lo que se dice una profecía autocumplida. Y aunque todavía no se sepa cuál será la decisión oficial después de este virtual feriado exportador, los productores temen que haber invertido en aumentar la producción de maíz debido a los buenos precios se transforme en un fiasco de la noche a la mañana. Otro tanto podría ocurrir con el trigo, donde también existe un tironeo entre los integrantes de la cadena productiva.

No muy diferente debe de ser la sensación de los productores de frutas y verduras después de que el Gobierno interviniera en el Mercado Central para fijar precios de referencia, cuyo alcance tampoco está demasiado claro: no se sabe si apunta a ponerles un techo o a medir su peso en el IPC con una balanza distinta. En uno u otro caso la incógnita es cómo se respetarán esos valores, cuando se trata de productos de alta estacionalidad. Quienes vienen salvándose son los componentes del complejo sojero, pero por el bajo consumo interno del producto y su baja incidencia en la estadística inflacionaria. O sea, la inversa de lo que ocurre con la carne, donde en Liniers acaban de reaparecer listas de precios manipulados.

El teorema de Moreno

Por ahora, lo único concreto en esta materia es lo que podría denominarse el “teorema de Moreno”: cuanto más gravitación tenga el aumento de un rubro en el IPC, mayores son las chances de intervención estatal en cada mercado. No por casualidad casi la mitad de los bienes y servicios que componen el índice minorista ya está sujeto a alguna forma de regulación, acuerdo, congelamiento, control, subsidio o limitación de exportación. Y aunque la propia Secretaría de Comercio Interior tenga previsto flexibilizar algunos precios y tarifas en sectores que ven peligrosamente comprometida su rentabilidad, nada indica que aquella estrategia de fondo vaya a modificarse a lo largo de un año electoral como será 2007.

Máxime cuando el objetivo oficial es lograr que el IPC del año próximo también se ubique por debajo del 10%, pese al fenomenal crecimiento de la demanda interna, a la presión de algunos costos (energéticos y salariales) y al aumento más alto (del orden de 14% anual) en los productos con precios libres.

En otros casos, como ocurre con la medicina prepaga, la presión oficial para frenar los aumentos ya anunciados pasa por la sanción ex post de una ley regulatoria que, paradójicamente, abre la puerta a un incremento de los costos del sector al obligarlo a incorporar nuevas prestaciones.

Sin embargo, la parte menos visible, por ahora, de esta controvertida política de precios caso por caso pasa por el desaliento que provoca en los planes de inversión de las empresas afectadas, incluso en aquellos casos donde existen mayor demanda o buenos precios internacionales. No hace falta recurrir a los textos de macroeconomía para comprobarlo, sino a las decisiones que se adoptan cada día detrás del mostrador. Si una pizzería está en condiciones de elaborar 100 pizzas por día y puede vender 150, seguramente podría invertir en un nuevo horno para aumentar la producción. Pero si a alguien en el Gobierno se le ocurre anticipar que habrá precios tope o acordados para la pizza, lo más probable es que la inversión quede en suspenso y que en lugar de aumentar la oferta lo hagan los precios, por las dudas. Si se salvan las distancias, y las escalas, algo similar ha comenzado a ocurrir con las empresas y sectores más afectados por la política oficial de precios, aunque nadie lo diga con todas las letras ni se queje en público porque igual se beneficia con la incesante suba de la demanda.