¿Trabajaremos todos en la calle?

Aunque el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informe que las cifras de desempleo están decreciendo y tenga la audacia de pronosticar mayores disminuciones, la cantidad de gente que trata de ganarse la vida como vendedores ambulantes, parece ir siempre en aumento.

Esta actividad tan frecuente es una calamidad para quien se ve forzado a ejercerla, como para la higiene, salud y movilidad del colectivo.

Quien se dedica a ella, no solo vive mal por sus reducidos ingresos, su incapacidad para lidiar con enfermedades y tomar vacaciones; también me temo que, para colmo, se va volviendo incapaz de trabajar en una empresa si se le llega a presentar la oportunidad. No tiene lógica que el INE considere a esta pobre gente como parte de la fuerza laboral. Se trata de una multitud sin trabajo que busca sobrevivir de una manera inhumana. Esta calamidad no es castigo de Dios, ni producto del clima, ni de la globalización, ni de acciones de países enemigos. Es un problema que viene creciendo desde que el país enloqueció tras el auge petrolero de 1974, tomando todas las medidas imaginables contra la creación de empleo formal privado y contra una mayor productividad o eficiencia de las empresas.

Hay un conglomerado de malas acciones de gobierno que explican que el mercado de trabajo formal lleve al menos 25 años estancado. La más sobresaliente de todas ellas ha sido la legislación laboral, excesivamente protectiva para el trabajador y dañina para el empleador.

Hay inamovilidad para quienes ganan menos de Bs. 633.600 al mes, hay aumentos forzados de salarios todos los años, hay beneficios extrasalariales exigidos por la Ley como en ninguna parte del mundo. Nuestros políticos se jactaban de haber logrado innumerables “conquistas” que serían derechos adquiridos para siempre. Pero mientras tanto las calles se llenaban de buhoneros y los salarios promedio que se pagaban rendían menos. La culpa se la echaban a factores externos fuera de su control. Nadie advertía la relación entre cantidad de vendedores ambulantes (o desempleados) en las calles y calidad de salarios para quienes no fueron desplazados; menos se advertía la relación, por una parte, entre el salario mínimo, aumentado anualmente arbitrariamente, y el desempleo y los niveles promedio de salarios menores, por la otra. A los “conquistados” se les exigiría más impuestos y se les controlaría sus precios y sus posibilidades de contratar libremente con el resto del mundo.

Para que el desempleo que se observa en las calles se resuelva, habrá que reescribir toda la legislación laboral, no con la idea de volver a hacer una vez más un gran contrato colectivo general y cantar nuevas “conquistas” de dudoso valor práctico, sino con la idea de animar la creación de empleo, facilitar la relación de trabajo con miras a una elevada eficiencia y darles seguridad a las partes involucradas. Estas serían, además de los trabajadores, los patronos. Los desempleados y las nuevas generaciones, también deberían estar representados en esa mesa donde se redacte una nueva ley genuinamente pro nuevos empleos.

En cualquier sociedad medianamente civilizada, siempre hay mucha posibilidad de empleo para realizar funciones que son más temporales que fijas. Además, siempre hay gente que desearía contratar ayuda, queriendo abrir caminos donde nada es seguro. En los países subdesarrollados se hace más evidente la paradoja de que habiendo tanto por hacer, muy pocos demandan mano de obra. No puede ser que la mala ley obligue a que solo se abran nuevas plazas de trabajo cuando se dan razones imperiosas y, a veces, ni siquiera en esos casos.

Es hora de que la sociedad comprenda que la mejor protección que se les puede dar a los trabajadores, es que haya mucha gente solicitando mano de obra. Si esto se lograra, el desempleo dejaría de ser un problema, los salarios subirían espontáneamente y trabajador que se sintiera maltratado o mal pagado, buscaría y conseguiría otro empleo.

Olvidémonos de que la empresa cooperativa vaya a resolver problemas del desempleo, de baja productividad y consumo. Cierto que en economías libres, la empresa cooperativa libre puede llegar muy lejos. Pero aquí con cooperativas asfixiadas por su propia ley, condenadas a ser de decisiones lentas y a no poder incentivar el trabajo individual, ellas están condenadas a dedicarse a actividades marginales dependientes del gobierno. Sospecho que solo podrán pagar mínimas participaciones de las utilidades o excedentes a sus propietarios.

Publicado Diario El Universal 06/11/06