Perú: Corrupción y reforma del Estado

Por Alfredo Torres G.
El Comercio

Muchos ya han olvidado que la razón más mencionada para votar por el candidato antisistema en las últimas elecciones generales fue que “combatirá la corrupción”.

No había mayor asidero para esa percepción; sin embargo, los sectores más pobres del país lo respaldaban al ver en su condición de outsider la esperanza de que no estuviese coludido con la corrupción enraizada en el Estado. Ollanta Humala fue derrotado pero –como apunta Julio Cotler–nada garantiza que él o un candidato más radical no consiga llegar al poder en el futuro si los sectores excluidos no perciben un cambio profundo en el Estado.

La admonición de Cotler encuentra asidero en la encuesta nacional contra la corrupción llevada a cabo por Apoyo Opinión y Mercado por encargo de Proética y patrocinada por Confiep. De acuerdo con esta encuesta, el principal problema que enfrenta el Estado y que le impide contribuir al desarrollo nacional es la corrupción (49%), muy por delante de la ineficiencia de sus funcionarios (25%) o la falta de recursos económicos (10%). La encuesta también refleja que las entidades más carcomidas por la corrupción cotidiana son dos instituciones que por definición deberían luchar contra ella: el Poder Judicial y la Policía Nacional.

El sistema pierde legitimidad si las autoridades hacen uso de su poder o de los recursos públicos en su beneficio particular. Las personas de mayor capacidad económica pueden moverse en un ambiente corrupto mediante las consabidas coimas (si tienen una moral laxa), pero los más pobres se ven claramente marginados por ese sistema porque para coimear también se requiere recursos. A nadie debería sorprender, entonces, que los excluidos voten por un candidato antisistema en cuanto tengan oportunidad.

Ahora que la economía está bien encarrilada, resulta perentorio que el gobierno priorice la lucha contra la corrupción para incrementar la confianza de la ciudadanía en el Estado y para potenciar su eficacia. De poco servirá asignar más recursos a, por ejemplo, obras de agua potable o compras de medicinas si la población vislumbra la codiciosa mano de la corrupción en esas asignaciones presupuestales.

Beatriz Boza, desde Ciudadanos al Día, ha trazado valiosos lineamientos en materia de transparencia, acceso a la información, servicio de atención al ciudadano, simplificación de trámites, eficiencia en contrataciones y adquisiciones, entre otros campos en los que las buenas prácticas gubernamentales contribuyen notoriamente a la reducción de la corrupción. Cecilia Blondet, directora de Proética, ha añadido a estos conceptos la necesidad de institucionalizar la carrera pública, abordar sin dilación la reforma de las instituciones más afectadas por la corrupción, fortalecer el sistema nacional de control y considerar la lucha contra la corrupción en los programas de lucha contra la pobreza.

Cualquiera sea la estrategia que se desarrolle, un componente fundamental para lograr una transformación significativa es el liderazgo. Los cambios en las políticas y los procedimientos sirven de poco si las autoridades no tienen un comportamiento ejemplar y un compromiso visible en la lucha contra la corrupción. En ese sentido, la mención a la Defensoría del Pueblo en la encuesta como la institución en la que más se confía para luchar contra la corrupción habla favorablemente de la imagen de su actual conductora.

El nuevo gobierno acertó al iniciar su gestión con mensajes de civismo y gestos importantes en materia de austeridad y recorte de privilegios. En ese contexto, el 55% de la ciudadanía que ve al gobierno comprometido en la lucha contra la corrupción es, a la vez, espaldarazo y advertencia. La expresión de confianza y aliento que representa ese apoyo no puede ser defraudada. El Gobierno debe desarrollar acciones concretas para reducir la corrupción en las distintas instancias del Estado. De lo contrario, la ciudadanía y la historia lo juzgarán duramente.

El autor es Presidente Ejecutivo de Apoyo Opinión y Mercado.