En Brasil, dos visiones sobre el Estado se enfrentan en una campaña que parece decidida

Por Geraldo Samor
The Wall Street Journal

SÃO PAULO—Cuando Geraldo Alckmin fue elegido vicegobernador de São Paulo en 1994, el estado más rico de Brasil estaba de capa caída. Tras dos gobiernos desastrosos, las arcas estatales estaban vacías y el ejecutivo regional acumulaba retrasos en el pago de sus empleados y cuentas.

Trabajando en equipo, Alckmin y el gobernador Mario Covas recortaron drásticamente el gasto fiscal y comenzaron a vender empresas del estado por un valor de US$35.000 millones. Tras dos años, São Paulo había vuelto a cifras positivas y se mantuvo así después de que Alckmin asumiera como gobernador en 2001.

La transformación de São Paulo, que según Alckmin requirió de un “golpe de gestión”, ofrece una idea de los cambios que Alckmin intentaría si logra derrotar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta presidencial de este domingo. En la primera vuelta, Lula da Silva obtuvo 48,6% de los votos y Alckmin un sorprendente 41,6%. Sin embargo, los sondeos muestran que Da Silva tiene ahora una ventaja de 20 puntos sobre Alckmin.

Pese a esta importante diferencia en la intención de voto, los comicios muestran que los electores brasileños están ante dos opciones de gobierno muy distintas. Cada una tendría impactos y consecuencias muy distintas para Brasil, la mayor economía de América Latina pero una de las que menos creció el año pasado: 2,3% frente al promedio regional de 4,3%.

La mayoría de los economistas concuerda en que el crecimiento brasileño se está viendo asfixiado por los impuestos y por tasas de interés que están entre las más altas del mundo.

La campaña de Alckmin, de 53 años, se basa en temas de transformación económica que incluyen una reducción de impuestos, una reforma del bizantino sistema tributario y un recorte del gasto fiscal.

Da Silva cree que el crecimiento económico de Brasil no depende de la reducción del aparato gubernamental. Aunque ha aumentado el gasto público, el mandatario ha logrado un superávit fiscal en todos los años desde que asumió en 2003, en parte gracias al aumento de impuestos y a los límites a las inversiones en infraestructura. De ganar, Da Silva no planea realizar cambios fundamentales en la manera en que opera el gobierno. El presidente dice que no hay mucho espacio para recortes y que, al contrario, planea expandir los programas de bienestar social que, para él, son una manera de incorporar a los pobres a la clase media.

Da Silva ha logrado mantener a su contrincante a la defensiva al atacar el historial de privatización de Alckmin. La privatización es un tema muy impopular en Brasil y muchos países de la región. Lula da Silva ha bromeado que su oponente está tan obsesionado con la privatización que es capaz “de caminar por la calle, ver un auto estacionado y venderlo”.

Aunque los economistas del partido de Alckmin han apoyado más privatizaciones, han rechazado la afirmación de Da Silva que estarían buscando vender la petrolera estatal Petróleo Brasileiro SA, o Petrobras, y dos bancos estatales del país.

Como gobernador, Alckmin mostró su fervor por un gobierno pequeño. Redujo impuestos sobre más de 200 productos. También incorporó al sector privado en la construcción de más de 2.000 kilómetros de carreteras. Hace poco entregó una concesión para que empresas privadas construyan y operen una nueva línea de metro en São Paulo. Se trata de la primera alianza pública-privada de ese tipo en Brasil.

“Alckmin supo lo que había que hacer respecto a los impuestos”, asegura Carmem Ruete, jefa de una fábrica de azúcar y etanol en São Paulo. “Muchos gobernadores no quisieron bajar impuestos por el temor a reducir sus ingresos, pero, de hecho, ha ocurrido todo lo contrario”.