España: Una ciudadanía consentidora

Por M. Martín Ferrand
ABC

Vuelve la corrupción a las primeras páginas de los diarios españoles. Es decir, volvemos a las andadas. El mal es viejo en la vida nacional -que se lo pregunten al duque de Lerma- y cursa siempre a las sombras del poder. Lo nuevo es que ahora las relaciones entre los corruptibles y los corruptivos apenas produce escándalo entre la población. En el fondo late un soplo de generalizada admiración ante quienes ensanchan sus alforjas con lo ajeno y, más todavía, si lo ajeno es patrimonio común. Los ciudadanos no parecen tener sentido de que son contribuyentes, quizá porque la discutible técnica hacendística de las retenciones a cuenta le quitan dramatismo al hecho fiscal, y sonríen ante el alarde golfo que ha convertido en pleonasmo hablar de corrupción inmobiliaria. Es la devoción del pelotazo.

En Cataluña, posiblemente la única demarcación política que puede disputar con Andalucía el título nacional en la especialidad, la campaña electoral vigente cursa con contadas alusiones a los efectos corrumpentes del tripartito o, por seguir la muy moderada teoría de Pasqual Maragall relativa al tres por ciento, a las previas y muy abundantes de la era pujolista. La ciudadanía está tan desencantada que ni se excita porque le toquen el bolsillo. Ese desinterés es un síntoma notorio de quiebra democrática.

Lo peor de este asunto es que ningún partido con representación parlamentaria y experiencia de poder, en cualquiera de los tres planos de la Administración del Estado, puede presumir de inocencia. Hay, sin duda, diferencias cuantitativas y, en eso, la máxima productividad le corresponde al PSOE. En lo cualitativo se es igual de sinvergüenza llevándose un euro que cien millones. Los bienes comunes son sagrados. De ahí que no nos convenga a los ciudadanos ningún modelo de “pacto anticorrupción” al estilo del que, según su costumbre del globo sonda, demanda el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la vista puesta en el PP. Parecería una alianza contra los contribuyentes.

Los pactos políticos contra la corrupción degeneran siempre, aquí y lejos de aquí, en un método para su encubrimiento y disculpa. Más aún cuando el fruto que genera se aplica, en todo o en parte, a la también delictiva, escandalosa e impune financiación de los partidos. Lo deseable sería que, todos contra todos, se afile el instinto de la decencia que -algún gramo quedará en ellos- anima a los partidos. Naturalmente que si la sociedad -todos nosotros- no participa en el juego dispuesta a hacerle pagar caro el engaño a quienes detentaron su representación con fines y prácticas indeseables, todo será inútil. De hecho los corruptos públicos, desde el alcalde que recalifica lo que no debe al consejero que contrata como no puede, están robando en nuestro nombre y representación. Aunque se queden con todo el botín.