La difícil salida del control de precios

Editorial – La Nación

Se dice que es fácil entrar en el control de precios, pero es mucho más difícil salir de él. La experiencia histórica es claramente demostrativa de este aserto. Toda vez que se ha pretendido fijar o controlar los precios con el propósito de contener la inflación sin atacar sus verdaderas causas, sólo se logró reprimirla postergando sus efectos y acumulando distorsiones finalmente perjudiciales para la producción.

Los controles y congelamientos pueden tener un primer impacto inicial aparentemente favorable, pero luego comienzan a percibirse los efectos negativos del retraso artificial y acumulado de los precios controlados versus los que no lo están. Se exacerba la demanda de los bienes o servicios artificialmente baratos, pero justamente es en esos rubros en los que desaparecen los incentivos para producir e invertir. En el proceso, la caída de los márgenes y de la rentabilidad provoca acciones defensivas que pueden pasar por reducciones en la calidad o simplemente por una retracción de la oferta que potencia el problema.

El control de precios es siempre consecuencia de una inflación que se desea suprimir y que afecta políticamente al gobierno que decide aplicarlo. No habrá nunca una buena oportunidad de levantar ese control si se gobierna mirando el índice de inflación y si se percibe que el sinceramiento de los precios produciría necesariamente un escalón inflacionario. Por eso es tan difícil salir del control.

Cuando se adoptó el congelamiento de precios en mayo de 1973, se venía de índices mensuales de inflación de entre el 5 y el 8%. En los primeros 12 meses, entre mayo de 1973 y mayo de 1974, los precios más rígidamente vigilados de los bienes de consumo crecieron menos del 10%; los servicios privados aumentaron alrededor de un 30% y los salarios un 50%, mientras que las tarifas de servicios públicos y los precios de los combustibles, todos de la órbita estatal, quedaron efectivamente congelados. En esos primeros doce meses, el índice de precios minoristas creció un 12,1 por ciento. En los siguientes 12 meses, entre mayo de 1974 y mayo de 1975, el teórico congelamiento para el sector privado se convirtió en un sistema indisciplinado de precios administrados. Según el poder de negociación, los precios de los bienes de consumo crecieron en forma heterogénea, pero en promedio por encima del 80 por ciento.

Los salarios volvieron a crecer un 50 por ciento y los combustibles y servicios públicos continuaron congelados. En ese segundo año del control, el índice de precios minoristas creció un 80,5 por ciento. Las empresas públicas, sometidas a un congelamiento estricto, agigantaron su déficit y las privadas que no podían eludir o trampear los controles entraron en irreversible quebranto. El déficit fiscal del conjunto del sector público argentino alcanzó en 1974 al 7 por ciento del producto bruto interno y se catapultó en 1975 al 14,3 por ciento del PBI. En junio de 1975 llegó lo inevitable. Se produjo el Rodrigazo, una suerte de explosión ocurrida al sincerarse la estructura de precios y luego entrar en una carrera precios-salarios. Obviamente, la salida del control de precios no fue planificada ni gobernable y dio lugar al caos económico.

Otra experiencia con un final caótico fue la del gobierno de Raúl Alfonsín. El plan Austral de 1985, que incluía una reforma monetaria, el congelamiento de precios y un ambicioso objetivo de equilibrio fiscal, fue en un comienzo aparentemente exitoso; sin embargo, al no lograrse la estabilidad de inmediato y al aplicar el congelamiento sobre precios relativos que no necesariamente estaban inicialmente en equilibrio, se enfrentaron las dificultades clásicas del control de precios. Pocos años después, se entró en hiperinflación.

Las condiciones que enmarcan el actual control de precios son bastante mejores que las de los dos casos anteriores. Hay superávit fiscal y el Gobierno ha demostrado que tiene poder para evitar desbordes salariales. No obstante, se evidencian las dificultades típicas del control de precios.

La crisis energética expone descarnadamente las consecuencias del congelamiento de tarifas, que lleva ya más de cuatro años. El Gobierno ha rechazado cualquier incremento en la electricidad y el gas residenciales, así como en el transporte urbano y otros servicios. También ha impedido el aumento de los combustibles. La escasez de gasoil es hoy el resultado.

El control se ha extendido a muchos otros sectores mediante los llamados acuerdos de precios, que suenan más a imposición. La atención permanente sobre el índice de inflación parece tener como objetivo no superar los dos dígitos en 2006 y mantener una relativa calma hasta pasado octubre de 2007. Si bien la inflación subyacente no alcanza hoy la magnitud conocida en otras épocas, es suficiente para generar tensiones crecientes en la estructura de precios. La situación fiscal no debe verse como un reaseguro de la estabilidad que esté operando para reducir esas tensiones.

El superávit del conjunto del sector público es declinante y el gasto público está creciendo aceleradamente, entre otros motivos por el fuerte aumento de los subsidios que compensan los congelamientos tarifarios. Además, se sigue sosteniendo la política del dólar alto, que no contribuye a la estabilidad ni a reducir las presiones subyacentes sobre los costos.

Nuevamente es necesario apelar a que se ataquen las causas originarias de la inflación y que se decida lo antes posible el sinceramiento de la estructura de precios y se dispongan los resortes necesarios para que su impacto sea por una única vez y no sea el comienzo de una carrera de precios-salarios. Cuanto más se demore, tanto más difícil será salir de los controles y congelamientos, y tanto más perjudiciales serán las consecuencias sobre la economía real.