Del Caballero de los Mares al señor Giampietri

Por Sergio Meza Salazar
Perú Liberal

Vestido de militar, como lo hubiesen hecho Fidel Castro y Hugo Chávez en actos similares en Cuba y Venezuela respectivamente, el Primer Vicepresidente del Perú, Luis Giampietri Rojas, marino en retiro, aprovechó el Día de la Marina de Guerra, para atacar nuevamente a las organizaciones de derechos humanos, al mismo tiempo que consideraba injustos los procesos a los cuales estaban siendo sometidos algunos miembros de las Fuerzas Armadas, por presuntas violaciones a los derechos individuales durante la etapa de violencia política ocurrida en el Perú entre 1980 y mediados de los 90, a raíz del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).

Giampietri Rojas, era capitán de navío en 1986 y estaba a cargo de la Fuerza de Operaciones Especiales responsable del operativo militar para restablecer el orden en el establecimiento penitenciario de El Frontón, en donde terroristas de Sendero Luminoso se habían amotinado tomando el control del mismo. Junto al capitán de navío Juan Carlos Vega Llona, sometieron tras varias horas a los amotinados, con un saldo de más de un centenar de terroristas muertos, de los cuales un número indeterminado habría sido ejecutado extrajudicialmente después de haberse rendido, según señala el informe final de la CVR, responsabilizando de los hechos a varios miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en aquella acción.

Este hecho es solo uno de los varios registrados por la CVR, y en los cuales miembros de las Fuerzas Armadas habrían cometido delitos tipificados por el Código Penal y reconocidos como violaciones a los derechos humanos en los principales tratados internacionales de los que el Perú es parte. Por tanto, denunciar dichos hechos y a sus responsables, no debería convertir a los denunciantes en cómplices del terrorismo ni simpatizantes de Sendero, sino en ciudadanos que creen que la ley debe ser aplicada a todos por igual y apuestan a ello, sin temor a enfrentarse al statu quo.

La sociedad ha castigado con el máximo rigor, como debe ser, a los terroristas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, primero a través de tribunales militares de forma equivocada, pero hace unos días corrigiendo el error, lo ha hecho a través de un tribunal civil.

Lo que sin embargo no ha sucedido, es que quienes cometieron delitos por parte del Estado en la lucha contra la subversión, sean llevados ante la justicia con la misma energía y rapidez que los terroristas. La igualdad ante la ley, elemento básico de una sociedad libre y moderna, debe observarse en toda su dimensión. Por tanto, quien ha cometido un delito tipificado por la ley, debe enfrentar las consecuencias y el poder político o militar no puede pretender justificar o desconocer las responsabilidades de quienes en su momento actuaron de forma ilegal.

El mensaje del uniformado Vicepresidente Giampietri ha sido lamentable y el aval que el Presidente Alan García le dio al día siguiente ha sido poco menos que preocupante, manifestándose casi en los mismos términos.

El rol del Estado debe ser contribuir a edificar una sociedad que no sea complaciente con la impunidad, en la que haya independencia de poderes, que garantice seguridad a los ciudadanos y que quienes actúan en nombre del Estado lo hagan respetando las leyes y los derechos individuales.

El autor es Director de Perú Liberal.