Argentina: Gobernar para los índices

Por Néstor O. Scibona
La Nación

Golpear primero para negociar después ha sido hasta ahora la táctica predilecta del gobierno de Néstor Kirchner para subordinar a las empresas cuyos productos tienen más peso en los índices de precios o las expectativas inflacionarias de la opinión pública.

La acaba de reiterar la semana pasada con la amenaza de desempolvar la anacrónica ley de abastecimiento, que data de 1974 y prevé mandar a la cárcel a los empresarios, para provocar la “lluvia de gasoil” que, en un alarde de elocuencia, prometió el secretario Guillermo Moreno. Las compañías petroleras callaron frente al anuncio porque sospechan que se trata de una jugada política para colocarlas como victimarias de la escasez gasolera, cuya principal causa es el aumento de la demanda debido al crecimiento de la economía. En el sector aducen que el Gobierno sabe que las refinerías están trabajando al tope de su capacidad y que importar los faltantes estacionales de ese combustible, aun sin impuestos, les impide venderlos al precio congelado que pretende la Casa Rosada, a menos que asuman una pérdida de no menos de 20 centavos de dólar por litro. También sostienen que, para aplicar esa ley, debería declararse -por medio del Congreso o bien de un decreto de necesidad y urgencia- la emergencia de abastecimiento, lo cual supone un costo político que el Gobierno pretende eludir, tanto como las compañías el costo económico.

La escasez de gasoil, sin embargo, no es permanente, sino que se produce en las épocas de cosecha y de siembra, o sea, durante cuatro meses al año y, en total, no supera el 10% de la demanda interna.

Un escenario de estas características se prestaba más para la negociación que para la confrontación. Aun sin conocer la letra chica de la medida, los petroleros dicen -en privado- que sería más razonable acordar cupos de importación en forma proporcional a las ventas de cada compañía en el mercado interno, reconociéndoles una parte de los mayores costos externos, pero diluyéndola en el precio interno a lo largo de doce meses. El impacto sobre los precios finales, en consecuencia, sería mucho más bajo de lo que se supone y sin riesgos para la seguridad jurídica. Para la Casa Rosada, en cambio, cualquier ajuste va contra el objetivo político de que el IPC cierre este año con un aumento de un dígito (aunque más no sea 9,9 por ciento).

Al optar por la medida intervencionista más ruidosa y traumática, el Gobierno buscó además transmitir una señal de dureza hacia otros sectores. No por casualidad Moreno advirtió que aquella típica ley setentista podría ser aplicable a otras actividades. Lo hizo justo cuando se apresta a negociar a presión con empresas líderes la renovación por un año de los acuerdos de precios. El objetivo es claro: mantener bajo control los índices a lo largo de todo 2007, el año de las elecciones presidenciales.

Aflojar para apretar

Para estas negociaciones, que se desarrollarán en la segunda mitad de octubre, la Secretaría de Comercio Interior estaría dispuesta a aplicar una táctica complementaria, que podría definirse en cuatro palabras: aflojar para después apretar.

En los contactos preliminares que mantuvo con algunas compañías, Moreno se habría mostrado dispuesto a admitir el traslado a precios de mayores costos (energéticos, salariales y de envases, especialmente), que podrían traducirse en ajustes del orden de 3 a 5% para evitar mayores pérdidas de rentabilidad. Pero sólo a cambio de que las compañías se comprometan luego a mantenerlos congelados y sin ninguna variante a lo largo de los próximos 12 meses. No hay que recurrir a un almanaque para advertir que esos precios tendrían vigencia hasta las elecciones del año entrante.

¿Son compulsivos esos acuerdos? Para la Secretaría de Comercio se trata de negociaciones duras, tendientes a evitar expectativas inflacionarias. Los industriales prefieren no hablar en público de controles, ya que de hecho ninguna resolución impone precios máximos. ¿Qué ocurriría si alguna empresa decidiera no renovarlos? “No nos animamos a no acordar”, se sincera el presidente de una firma líder, en estricto off the record , en la intimidad de su despacho.

Claro que ninguna compañía de estas características está dispuesta a firmar su propia partida de defunción. Por un lado, porque el consumo interno sigue aumentando y las mayores ventas permiten compensar pérdidas de rentabilidad en algunas líneas de productos. Por otro, porque estos “acuerdos” cuasi unilaterales apuntan a la denominada canasta básica, de alrededor de 400 rubros, que precisamente son los que tienen más incidencia en la variación del IPC. Si una empresa tiene productos dentro y fuera de la canasta puede, de hecho, compensar el congelamiento de unos con una mayor flexibilidad en el resto. El problema es para aquellas pocas cuya producción queda íntegramente comprendida en las listas.

Esta ambivalencia explica por qué los consumidores sienten en sus bolsillos aumentos muy superiores a los que muestran las estadísticas oficiales. Los precios y las tarifas congelados, más los regulados, subsidiados, acordados o encadenados, representan en la actualidad casi la mitad de los rubros que tienen mayor ponderación en el IPC. En otras palabras, buena parte del activismo oficial consiste en gobernar para los índices. Y compensar así las subas en otros rubros más difíciles de controlar por la atomización de la oferta, aun a costa de acumular distorsiones de precios relativos.

Quizá descontando la prórroga de aquellos acuerdos, varias organizaciones de supermercados y distribuidores mayoristas ya se apresuraron a comprometer, de palabra, el congelamiento de sus márgenes de comercialización, con la correspondiente foto en la Casa Rosada. Si sus proveedores no aumentan, podrán mantener los precios sin variantes, al menos en el promedio.

No obstante, se supone que unos y otros deben haber recibido algún guiño del Gobierno con respecto a la contención de la política salarial para el año próximo. En general, se supone que el Ministerio de Trabajo no autorizaría a lo largo de 2007 ajustes superiores al 10%, o algún punto más, para no desarticular el esquema. Y estaría dispuesto a reducir también al 30% el sobrecosto de indemnización, que actualmente alcanza a 50%, hasta que la tasa de desempleo baje a niveles de un dígito. Tal vez estas pautas se anuncien antes de que finalice este mismo año.

No obstante, la principal incógnita de las grandes empresas convocadas a firmar pasa por el costo de la energía: utilizar más electricidad que el año pasado supondrá recurrir a la autogeneración y pagar por el excedente un precio entre tres y cinco veces más caro. También en el nivel de grandes usuarios existe preocupación por los cargos tarifarios (impuestos encubiertos) que impondrá el Gobierno para financiar nuevas obras energéticas. En la mayor parte de los casos se trata de inversión pública con gestión privada; lo cual, por otra parte, torna inaplicables muchos de los contratos renegociados por el Estado. Tanto como recurrir a la ley de abastecimiento en plena época de globalización económica y búsqueda de inversiones.