Chile: Educación, Estado y familia

Por Carlos Williamson B.
El Mercurio

Malos vientos correrán si se mira con recelo al mundo privado y, en particular, al valor del núcleo esencial de nuestra sociedad, la familia.

Las recientes Normas sobre Regulación de la Fertilidad y el primer esbozo del Marco Regulatorio en el Informe sobre la Calidad de la Educación en Chile son ilustrativos de la presencia de dos visiones acerca de la política pública en el ámbito de la formación de los jóvenes en nuestro país.

En el primer caso, la autoridad trata de resolver un serio problema social, el embarazo adolescente, por una vía mecanicista donde, con el falaz pretexto de actuar por el “bien de la comunidad”, el Estado interviene y promueve una agenda “valórica” que prescinde precisamente de valores objetivos. Sólo importa la defensa de un supuesto “principio de autonomía y respeto por las personas”, lo que implica apoyar sus decisiones libres con respecto a su sexualidad y reproducción. En nada se pondera el grave impacto en la promiscuidad sexual de menores cuya capacidad de discernir a los 14 años es prácticamente nula o el menosprecio que tal política supone sobre el rol de los padres en la educación de los hijos. Tampoco importa el empleo de métodos que por su posible condición abortiva pueden afectar la vida de seres humanos. Por último, no se tiene presente la evidencia internacional, que es concluyente en demostrar que políticas parciales como el uso de artefactos de emergencia no tienen éxito, ya que no integran la condición de adolescencia con los determinantes sociales del fenómeno que se pretende abordar.

En el caso de la discusión sobre educación escolar, un porcentaje del Consejo Asesor se declara firme partidario de “erigir a la educación estatal en el paradigma de calidad del sistema”y se llama a “discriminar positivamente a ese sector y a quienes lo educan, a fin de favorecer la igualdad de oportunidades”. Aquí tampoco importa la contundente evidencia que demuestra que la participación de colegios privados en la provisión de educación conlleva a un mejoramiento de la calidad, aun corrigiendo por características personales y familiares de los alumnos que asisten a esos establecimientos. No se reconoce que es el efecto de la competencia en los colegios particulares subvencionados lo que promueve la calidad, y son los padres, a través del financiamiento compartido, actores principales en la elección del lugar de estudio para sus hijos y, en consecuencia, el origen del mejor desempeño. Conviene en este punto recordar las palabras del Premio Nobel de Economía Gary Becker, quien, refiriéndose al papel de las familias, señala que “la productividad en las economías modernas está basada en el conocimiento, y la evidencia empírica demuestra que son los padres y las familias las fuerzas más formidables de la inversión en conocimiento. Los colegios juegan un rol importante y es vital preocuparse por su calidad; sin embargo, ellos no reemplazan a las familias en la formación del capital humano”.

Aunque con matices, el elemento común en ambas políticas es la creencia de que el Estado es capaz de orientar mejor las decisiones individuales de los jóvenes, reemplazando en ese papel a los privados y, más fundamentalmente, a los padres y sus familias. En la regulación de la fertilidad para los menores, el énfasis está puesto en el ejercicio de una libertad sin ataduras ni responsabilidad frente a nadie, camino que mejor califica para un pleno goce de la autonomía y “el disfrute de una sexualidad placentera y segura”. La fuerza moral para un protagonismo de los padres cede su espacio a la asesoría del consultorio público o a la consulta clandestina de un tercero.

En la regulación sobre la educación, la confianza sobre la superior ventaja del Estado radica en un principio similar: desestimar el aporte privado por la convicción de que el Estado cuenta con las capacidades y conoce mejor la realidad para operar con efectividad. Hay implícito en la propuesta el sesgo ideológico presente en la atávica costumbre de algunos de presumir que el Estado sabe mejor qué le conviene al país.

De cara a un Chile que presume llegar al Bicentenario como nación desarrollada, la presencia de estas visiones antagónicas sobre el espacio público-privado en la formación y educación de los jovenes debe mover a una profunda reflexión. Malos vientos correrán si se mira con recelo al mundo privado y, en particular, al valor del núcleo esencial de nuestra sociedad, la familia, la que en palabras de Juan Pablo II “es la única que posee vínculos vitales y orgánicos con la sociedad, porque constituye su fundamento y alimento continuo mediante su función de servicio a la vida. De ella nacen los ciudadanos, y éstos encuentran en ella la primera escuela de esas virtudes sociales que son el alma y desarrollo de la sociedad misma”.

El autor es Prorrector Pontificia Universidad Católica de Chile