Un búnker llamado Arizona

Por Alberto Ampuero
La Opinión

No es Irak ni Afganistán, pero con sus mallas divisorias hechas de concreto y alambre de púas en su frontera con México, Arizona se asemeja más a un búnker que a un estado libre.

Aunque desde hace más de una década esta franja fronteriza ha visto un crecimiento en su militarización, el último año ha sido el peor, en el que se financiaron más proyectos para sellar la frontera a la inmigración ilegal.

Los nuevos planes de la Patrulla Fronteriza de ampliar la malla divisoria en aproximadamente 260 millas cerraría tres cuartos de frontera entre Arizona y México.

Arizona tuvo visitas de los principales directivos del Departamento de Seguridad Interna (DHS), que le dieron un enfoque antiterrorista a su política fronteriza, convirtiéndola en una zona de guerra de baja intensidad.

«Nuestra meta es controlar la frontera sur y crear un estado de Arizona más seguro», decía Asa Hutchinson, ex subsecretario de Fronteras y de Seguridad en el Transporte.

Debido a la petición de la dependencia federal, se incrementó el voltaje y el número de luces tipo estadio en la frontera (sobre todo en la región del Valle de San Pedro), se colocaron radares en el desierto y se comenzaron a utilizar, por primera vez en esta frontera, aviones no tripulados Hermes 450 para la vigilancia en zonas desérticas y remotas.

Se calcula que un promedio de 1,500 indocumentados son arrestados diariamente solamente en el sector de Tucson. Mientras que en «el corredor de la muerte», llamado así porque en la franja entre Arizona y Sonora se registra el mayor número de decesos, se reportaron, tan sólo en el mes de julio, la muerte de 38 inmigrantes mexicanos, informó la Coalición de Derechos Humanos del estado.

A los «sobrevivientes» tampoco les va bien en Arizona, apenas ingresado se topan con una docena de leyes que reducen más el cerco a la inmigración ilegal y la vida de los indocumentados en el estado.

Son las «minas» antiinmigrantes que Arizona tiene «sembradas» en su Legislatura, como la conocida Ley 200, la más letal (que explota al primer contacto con ellos).

Esta ley, aprobada por los votantes de Arizona en noviembre de 2004, niega el acceso a cuatro programas de asistencia pública a los indocumentados y exige a los trabajadores de oficinas públicas reportar ante inmigración a los indocumentados que acudan a solicitar ayuda.

Arizona figura entre los estados de más rápido crecimiento del país. Decenas de miles de nuevos residentes llegan desde California, y muchos de ellos son hispanos.

Y como si la política de Arizona se basara en apretar cada vez más la tuerca a los indocumentados, la gobernadora Janet Napolitano (demócrata, para más señas) firmó una orden ejecutiva que prohíbe al estado entregar contratos a aquellas compañías que contraten a inmigrantes indocumentados.

«Si realmente queremos poner un alto a la inmigración ilegal, tenemos que dejar de ofrecerles trabajo», advirtió.

Según cálculos del Centro Pew Hispanic, la inmigración indocumentada equivale al 10% de todos los trabajadores del estado.

La gobernadora no está sola. El 80% de los votantes registrados en Arizona aprueba que se sancione a los negocios que emplean a indocumentados, mientras que un 65% apoya la propuesta de enviar más soldados de la Guardia Nacional a vigilar la frontera, según una encuesta realizada por la Universidad del Estado de Arizona.

También hubo propuestas que no lograron convertirse en leyes, pero que reflejan un sentimiento antiinmigrante en el estado. La gobernadora vetó varias, como la que obligaría al indocumentado a pagar un nuevo impuesto del 8% cada vez que envíe dinero a sus familiares en México y Centroamérica, y aquella que pedía construir una cárcel para indocumentados en México.

Muchos expertos se sorprendieron por el clima antiinmigrante y sus tintes antimexicanos, por parecerles ilógicos en tiempos de paz y con una fuerte bonanza.

«Lo sorprendente es que ha sido propiciado desde las alturas del sistema político de Estados Unidos», señaló el sociólogo Samuel Schmidt.

«En los últimos 10 años, el Congreso estadunidense ha aprobado leyes que limitan la inmigración, facilitan la deportación y han puesto en entredicho el principio de unidad familiar; ha convertido la frontera en una zona de guerra de baja intensidad, en especial porque equiparó la inmigración con el narcotráfico, lo que justificó desplazar tropas a la zona fronteriza. Pero más grave todavía es que el inmigrante indocumentado se está convirtiendo en una nueva amenaza. De allí que todo lo que se haga para vencerlo se convierte en una postura nacionalista y patriótica», explicó.

Alberto Ampuero es periodista radicado en Riverside, California.