Perú: ¿Qué hacer con las empresas estatales?

Por Daniel Córdova
El Comercio

El análisis económico ha demostrado en múltiples ocasiones por qué no es conveniente que el Estado participe en actividades empresariales en las que el capital privado puede invertir. Razones hay muchas, pero se pueden dividir en dos evidencias: las empresas estatales tienden a ser menos eficientes y abrigan mayor corrupción interna que las empresas privadas.

En el Perú, estamos hablando de cerca de cuarenta empresas operativas bajo el ámbito de Fonafe (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial) y casi cien de propiedad municipal, que facturan por miles de millones de dólares y emplean decenas de miles de personas. Empresas que desde un punto de vista técnico no deberían existir a no ser que no cumplan un papel subsidiario al capital privado, como lo establece la Constitución vigente en su artículo 60.

Cuando uno pasa del análisis técnico a la realidad, sin embargo, se topa con el hecho innegable que, por el momento, la privatización de dichas empresas no es políticamente viable, ¿Qué hacer entonces para disminuir el riesgo de ineficiencia y corrupción en las empresas estatales? Si el gobierno está interesado en sumar a su cruzada por la austeridad un verdadera cruzada contra la corrupción y en favor de la eficiencia de las empresas estatales, es fundamental que implemente una reforma drástica.

Para hacerlo no hay que inventar la pólvora. Desde hace algunos años, las reformas de los sistemas de gobierno en las empresas, conocidos como sistemas de gobierno corporativo, han tomado fuerza en el sector privado y ahora también en el sector estatal. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha publicado unos “Lineamientos de Gobierno Corporativo para Empresas Estatales”, que son utilizados por instituciones como el Banco Mundial para implementar reformas que, creemos, pueden ser de suma utilidad.

Para el caso peruano existen una serie de problemas que se deben corregir. Por ejemplo, es fundamental que el Fonafe –que debe mantenerse como accionista de todas las empresas estatales sin excepción– se convierta en una entidad independiente del poder político (ahora sus directores son ministros) y adquiera un grado de autonomía similar al del Banco Central o las reguladoras de servicios públicos.

En ese sentido, debe reglamentarse el nombramiento de los directores y alta gerencia de dichas empresas –el cual debería hacerse por concurso público– con la finalidad de evitar los nombramientos a dedo con fines políticos. Ello permitiría que los directores asuman deberes y responsabilidades similares a la de los directores de empresas privadas, cosa que hoy no sucede.

Asimismo, debe reemplazarse los mecanismos de control y regulación propios de las actividades estatales no empresariales (auditoría por Contraloría, concursos vía Consucode) por un mecanismo de regulación similar al privado, bajo Conasev por ejemplo. Así, una buena idea parcialmente implementada ha sido listar empresas estatales en la Bolsa de Valores de Lima, de manera tal que todos los peruanos estemos informados de la marcha financiera de cada una de estas empresas que nos pertenecen.

Los accionistas de las empresas estatales somos todos los peruanos. Tenemos el derecho de exigirle a quienes las dirigen claridad de objetivos y eficiencia. Para que ello sea posible la reforma debe imponerles los mismos estándares de buen gobierno que las bolsas de valores más modernas le exigen a los directivos de las empresas corporativas con el objetivo de proteger a los accionistas minoritarios. Nosotros, los 27 millones de accionistas ‘minoritarios’ de las empresas estatales requerimos de garantías contra la ineptitud y deshonestidad que muchas veces –no siempre– el favor político impone en los directorios y gerencias de las empresas del Estado.

El autor es Decano de Economía de la UPC