La ausencia de institucionalidad

Por Roberto Cachanosky
La Nación

Desde esta columna he insistido hasta la saturación en que el desarrollo y bienestar de la población de los países depende de la calidad y estabilidad de sus instituciones, definidas éstas como las leyes, normas, reglas, códigos que regulan las relaciones de los particulares entre sí y de los particulares con el Estado. Asimismo, la calidad de las instituciones está dada por gobiernos limitados que no puedan disponer a su antojo de la propiedad y el fruto del trabajo de la gente, es decir, gobiernos que se subordinan a la ley.

Lamentablemente, la Argentina tiene una larga tradición de gobiernos que han despreciado las instituciones poniéndose por encima de la ley y estableciendo sistemas que arrasan con el Estado de Derecho con el objetivo de subordinar las políticas públicas de largo plazo a las necesidades electorales del momento, desprecio que se ha profundizado en los últimos años por un gobierno que más que volcar todos sus esfuerzos en la aplicación de proyectos constructivos, parece estar concentrado en la búsqueda de revanchas y la creación de enfrentamientos estériles.

Esta introducción viene a cuento porque lo que hoy ocurre con el problema de los alquileres y la falta de créditos hipotecarios a largo plazo a tasas pagables es un ejemplo claro del costo que tiene que pagar una sociedad cuando las instituciones son despreciadas. Una vez más, si lo que rige en la sociedad es el comportamiento caprichoso de los gobernantes, la imprevisibilidad en las reglas de juego hace imposible cualquier proyecto de largo plazo.

Veamos un ejemplo de una visión caprichosa de corto plazo. Un secretario de Estado ha dicho que como los bancos tuvieron buenas utilidades en el primer semestre del año, bien pueden subsidiar las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Dejemos a un lado el análisis de esas ganancias y supongamos que los bancos siguieran el criterio del secretario. Una vez que se utilizaran todas las utilidades para subsidiar las tasas de interés, ¿cómo piensa el secretario sostener en el largo plazo tasas de interés por debajo del nivel de mercado?

Otro tipo de reparto

Este ejemplo muestra claramente que lo que impera en la Argentina no son políticas que apunten a la creación y aumento de flujos de riqueza, sino en repartir el stock existente. Un simple juego de suma cero sin importar el futuro.

Pero vayamos al tema de fondo. Hoy en día, el 47% de los depósitos del sector privado en el sistema financiero están a la vista, es decir, en cuentas corrientes y cajas de ahorro. ¿Pretende el Gobierno que con pasivos que vencen a un día de plazo se otorguen créditos hipotecarios a 30 años? Quiero suponer que no es esa la alternativa que está evaluando el Gobierno como salida al problema de la vivienda.

Segundo problema. En rigor, los bancos son intermediarios financieros. Intermedian entre ahorristas y demandantes de crédito. Ahora bien, supongamos que los bancos salen al mercado a colocar créditos hipotecarios al 7% anual como pide el Gobierno. Supongamos que un banco utiliza los depósitos para otorgar esos créditos y coloca, digamos, $ 1000 millones en créditos hipotecarios. Es obvio que ese banco no puede quedar descalzado en plazos con pasivos a un día y créditos a 30 años; por lo tanto, tendría que salir a vender sus carteras de créditos hipotecarios para recuperar liquidez ante un eventual aumento de retiro de depósitos. Pregunta: ¿qué ahorrista estaría dispuesto a comprar esas carteras con un rendimiento del 7% anual cuando la tasa de inflación, aun maquillada mediante regulaciones y controles, está por encima del 10% anual? Luego de décadas de inflación, megainflación e hiperinflación el ahorrista aprendió a diferenciar entre tasa real positiva y negativa. Sabe que la tasa de interés nominal tiene que superar a la tasa de inflación para no perder su capital.

¿Cómo podría solucionarse ese problema? El ahorrista podría aceptar la tasa del 7% anual, pero pagando mucho menos por el stock de créditos que compra. En nuestro ejemplo pagaría, digamos, $ 700 millones por los $ 1000 millones que ofrece vender el banco, de manera de tener una TIR acorde con el riesgo inflacionario y el riesgo institucional argentino, teniendo en cuenta que en la Argentina es regla que los gobiernos no respeten los contratos.

Uno podría pensar que esas carteras de créditos hipotecarios los podrían tomar las AFJP. Pero, nuevamente, la pérdida patrimonial sería para los ahorristas que en el futuro se jubilarán, no para las AFJP.

El Gobierno está metido en problema con esto de los créditos hipotecarios porque le creó la ilusión a la gente de que podrá comprarse su vivienda pagando un cuota equivalente a la de un alquiler, sin tener presente que no existen créditos hipotecarios a tasas bajas sin un mercado de capitales que tenga volumen. Es decir, es impensable tener créditos hipotecarios a tasas bajas sin ahorro y, a su vez, es impensable tener un mercado de capitales de envergadura sin moneda.

La realidad es que los argentinos destruimos la institución monetaria de tanto subordinarla a las necesidades políticas del gobierno de turno. En el pasado, se destruía la moneda para financiar el déficit fiscal. Hoy, se la degrada para sostener artificialmente alto el tipo de cambio que, a su vez, tiene como objetivo generarle recursos fiscales al Gobierno. Porque… ¿alguien cree que podrían mantenerse los derechos de exportación si el dólar bajara a los $ 2,30 como sostuvo la ministro de Economía? Y sin la caja que generan los derechos de exportación, ¿podría el Gobierno disciplinar a gobernadores, intendentes, etcétera?

Volviendo al mercado de capitales, al confiscarse y pesificarse los depósitos en la crisis del 2001/2002 se barrió con el derecho de propiedad, una de las instituciones fundamentales para que pueda funcionar el mercado de capitales. El argentino tiene pavor de volcar sus ahorros en la Argentina porque sabe que no hay instituciones, que lo que rige es la arbitrariedad del gobierno de turno.

Mayor inseguridad

Es esta ausencia de gobiernos limitados e instituciones confiables lo que hace que la Argentina no disponga de ahorros suficientes para financiar créditos hipotecarios de largo plazo. La inseguridad jurídica se traslada a la tasa de interés, porque el ahorrista pide una compensación por asumir el riesgo institucional argentino. A mayor inseguridad jurídica, tasas más altas. A menor respeto por las instituciones, mayor será la compensación que pedirá el ahorrista y menores las posibilidades de que la gente pueda acceder a créditos hipotecarios pagables.

En definitiva, millones de familias no pueden tener su vivienda porque estamos pagando el costo de despreciar las instituciones y de tener gobiernos no sujetos a la ley.

El autor es economista.