Ecuador: Gobernabilidad imposible

Por Rómulo López Sabando
El Expreso de Guayaquil

El Banco Mundial determina que hay seis dimensiones de la gobernabilidad.

1) Voz y rendición de cuentas,
2) estabilidad política y ausencia de violencia,
3) efectividad gubernamental,
4) calidad regulatoria,
5) estado de Derecho y
6) control de la corrupción.

Ninguna de estas dimensiones se percibe eficiente. La rendición de cuentas es un mito por la ausencia de calidad regulatoria. El control de la corrupción, manejable políticamente, está inmerso en los juegos de intereses, conveniencias, apetitos, prebendas, corrupción y estabilidad en sus “cargos”.

La crisis que conmueve a la República se deriva de la Ley de Partidos (soporte de la partidocracia), la Ley de Elecciones (que cambia el “derecho a elegir” por la obligación de votar) y la Ley del Gasto electoral (que “obliga” a candidatizar sólo a los “famosos”).

La “Cuenta Única del Tesoro Nacional”, (que nunca ha sido auditada, nadie conoce sus estados financieros, contables ni movimientos o saldos de caja y bancos) centraliza todos los ingresos y rentas públicas. Somete, discriminatoriamente, a las autoridades que, según el decir popular, convierte al Ministerio de Finanzas en la casa del jabonero: el que no cae resbala.

Es la estructura y mano dura del centralismo feudal. La pobreza, el desempleo, la deuda externa, la emigración, la corrupción, la justicia venal, el sicariato, el crimen organizado, las mafias, pandillas, el desorden social y el desgobierno son su consecuencia.

Así, la “democracia”, impuesta en 1978 por la dictadura militar, es un eufemismo y la gobernabilidad un imposible.

El Congreso Nacional, que perdió la capacidad de “legislar en Derecho”, tiene como prioridad sólo elaborar leyes. Los “órganos de opinión” valoran el rendimiento legislativo por la cantidad de leyes y no por su calidad. Así las encuestas y preguntas del diario vivir a los candidatos son iguales a los resultados que se demanda de los diputados.

“Cuantas leyes ha aprobado y cuantos proyectos ha presentado”. La calidad no importa. El contenido tampoco. Imposible proponer leyes en economía. La iniciativa no le corresponde.

Tampoco fiscaliza. Se mutiló su naturaleza al transformarlo en unicameral. La dictadura lo convirtió en vocinglero centro de poder controlable por mayorías, unas móviles y otras obsecuentes.

La corrupción nace de las leyes que estimulan y amparan la violación continua a la moral pública.

El poder central impide la vigencia del “estado de Derecho” y lo sustituye por el “estado Legal”, donde la voluntad del legislador (generalmente no apto en el conocimiento del Derecho) impone privilegios e “intereses” por sobre los “derechos” de otros ciudadanos.
El estado de Derecho (esto es, la vida, la propiedad, la libertad y la seguridad) no rige.

Está ausente de la vida diaria de los ciudadanos que, ante el irrespeto permanente a sus derechos subjetivos constitucionales por la incuria administrativa, la insolencia, corrupción y abusos de las burocracias, hacen de la protesta callejera su única forma de expresar su coraje, rechazo, hastío y voluntad de cambios. Inestabilidad política, ausencia de gobernabilidad y violencia caracterizan a 28 años de democracia.
La justicia venal depende del mejor postor.

La controversia entre “derechos” e “intereses” se define por el Poder político al que muy pocos tienen acceso. La alternativa es la corrupción, la extorsión, el chantaje, la coima, el billeteo son instrumentos para conseguir el respeto a los derechos ciudadanos. Los “intereses”, aupados por el dinero o el poder político, se cuantifican sin pudor.

El centralismo administrativo y financiero no sólo es inconstitucional sino el vector más dinámico de la corrupción. La gobernabilidad eficiente es detectable en pocos gobiernos seccionales que han logrado rescatar la norma constitucional de la autonomía.

El gobierno central (pura voluntad política) pese a que está obligado por la Constitución a transferir sus funciones, atribuciones, competencias, responsabilidades y recursos a las entidades seccionales autónomas o a otras regionales, no desconcentra su gestión pudiendo delegar atribuciones a los funcionarios del régimen seccional, como paso previo a la vigencia de las autonomías.

La inefectividad gubernamental, la justicia corrupta, la ausencia de seguridad jurídica, la violencia y la violación a los derechos básicos, torna a la gobernabilidad en un imposible.