Calderón, entre las presiones de AMLO y los problemas de una democracia a medias

Por David Luhnow y John Lyons
The Wall Street Journal

CIUDAD DE MÉXICO — Ahora que está casi confirmado que Felipe Calderón se transformará en el próximo presidente de México, el candidato conservador enfrenta un tema fundamental que determinará el éxito de su mandato de seis años: ¿Cómo evitar que las crecientes confrontaciones políticas acaben debilitando la transición de México hacia la democracia y el libre mercado?

El país está viviendo su propia versión de lo que ocurrió en la elección de Estados Unidos en 2000, donde tras una fuerte batalla legal en torno al recuento de votos en Florida, George W. Bush llegó a la presidencia. La estrecha victoria de Calderón en las elecciones del 2 de julio frente al izquierdista Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también llegó a los tribunales, que esta semana rechazaron la acusación de López Obrador de que las elecciones habían sido fraudulentas. Se espera que el tribunal electoral designe a Calderón en la presidencia del país antes del 6 de septiembre, cuando expira el plazo legal. Al contrario de lo ocurrido en EE.UU., donde el candidato demócrata Al Gore aceptó la decisión de la Corte Suprema, López Obrador se niega a reconocer el poder judicial. Es más, el ex alcalde de Ciudad de México promete volver al país ingobernable.

Además de tener que lidiar con López Obrador, Calderón se enfrenta a otros desafíos violentos. Grupos radicales de izquierda han tomado el control de Oaxaca, una de las ciudades coloniales más famosas del país, y han cerrado el gobierno local en un intento por provocar la renuncia del gobernador electo. Además, en una nueva señal del creciente poder del narcotráfico, cuerpos decapitados aparecen todas las semanas en las calles de ciudades cuyas autoridades locales se han rendido y ya no investigan los crímenes.

Calderón, de 44 años, promete enfrentar estos desafíos con una combinación de zanahorias y garrote. Quiere tender una mano a los partidarios de López Obrador con políticas igualitarias, como expandir a las ciudades el exitoso programa rural que ayuda a las familias si mantienen a sus hijos en el colegio. Al mismo tiempo, Calderón quiere fortalecer el Estado, enfrentando la creciente sensación de descontrol provocado por la impunidad política y del narcotráfico en todo el país.

“Yo sé que todos tenemos derecho a manifestarnos, pero el derecho a manifestarnos deber ser sin perjuicio al derecho de los demás”, dijo Calderón en un discurso ante un grupo de mujeres de negocios. Durante su campaña, prometió que no permitiría que grupos de personas “con machetes” interfieran con su gobierno.

El primer reto de Calderón será asumir la presidencia. Los partidarios de López Obrador han bloqueado algunas de las principales carreteras del Distrito Federal y planean intensificar su campaña de desobediencia civil en las próximas semanas. Su intención es bloquear el desfile anual de las fuerzas armadas, que se realiza el 16 de septiembre durante las celebraciones de la independencia del país, e impedir que Calderón jure como presidente el 1 de diciembre.

Bajar los decibeles

Para Calderón, que hizo una maestría de administración pública en la Universidad de Harvard, todas estas presiones significan un complicado acto de equilibrismo, después de unas elecciones que para un tercio de los votantes fueron fraudulentas. Cualquier uso de la fuerza podría ser contraproducente, creando mártires políticos en la opisición y profundizando las divisiones.

La capacidad de Calderón para bajar los decibeles de la confrontación política marcará su presidencia y mostrará si cuenta con las habilidades necesarias para atacar algunos de los problemas de largo plazo que han atrofiado el desarrollo del país. Entre estos desafíos figuran la reforma del sector energético, el combate contra los monopolios y los sindicatos que dominan las mayores industrias del país, e imponer el imperio de la ley en un país donde la policía, los tribunales y el Congreso son a menudo considerados organismos injustos o corruptos.

Antes de las elecciones, tanto en México como en el exterior, se presumía que el país ya había completado su transición pacífica hacia la democracia con la asunción del presidente Vicente Fox. La opinión generalizada era que el reto de los próximos gobiernos sería modernizar la economía para competir con sus dinámicos rivales asiáticos. Pese a los desafíos de López Obrador, el peso y la bolsa se han mantenido firmes y los inversionistas extranjeros no parecen muy preocupados.

De todas maneras, la amarga batalla postelectoral ha revelado una cara de México que muchos creían enterrada en los libros de historia. La transformación de México en la última década representa el tercer intento del país por edificar una democracia duradera, dice Enrique Krauze, uno de los historiadores más prestigiosos del país y un crítico de López Obrador. El primero fue el del presidente Benito Juárez y duró casi una década, pero no sobrevivió a su muerte en 1872, cuando todavía estaba en el poder. El segundo fue el breve mandato de Francisco Madero, que terminó con su asesinato en 1913 y desató uno de los períodos más violentos de los que los mexicanos ahora llaman su “revolución”.

Amenaza revolucionaria

“No debería haber ninguna duda de que López Obrador representa una amenaza revolucionaria”, sostiene Krauze. “Esto no es ningún chiste. Espero que no prospere y que triunfe la democracia. Pero, de todos modos, lo importante es que la gente se dé cuenta de lo que hay en juego”.

Los analistas políticos piensan que López Obrador, nacido en el estado rural de Tabasco, busca repetir las experiencias recientes de países como Bolivia y Ecuador, donde manifestaciones radicales derrocaron a líderes elegidos democráticamente. De hecho, López Obrador, de 52 años, ha dicho abiertamente que México “necesita una revolución” y ha prometido usar las manifestaciones masivas para impedir que Calderón lleve adelante su programa, diciendo, por ejemplo, que bloqueará las iniciativas para permitir una mayor participación privada en áreas desde la generación eléctrica a los fondos de pensiones. Según las encuestas, alrededor del 16% de los mexicanos están dispuestos a participar en bloqueos de caminos o aeropuertos para ayudar a López Obrador.

César Yáñez, portavoz de López Obrador, dice que las manifestaciones pretenden obligar a Calderón a aceptar las metas del candidato izquierdista, como asegurar que recursos naturales como el petróleo permanezcan en manos estatales. Yáñez rechazó las comparaciones con Bolivia y señaló que no hay planes de usar la violencia para derrocar al gobierno. “Para nosotros, el gobierno de Calderón será ilegítimo, pero eso no es lo mismo que decir que habrá violencia”.