La inseguridad jurídica

Por Gaston Perez Izquierdo
La Prensa

Según opinan los economistas, el desarrollo económico tiene techo cuando se emplea la capacidad instalada en una nación. A fin de que el crecimiento continúe expandiéndose es preciso invertir, para lo cual existen ciertos parámetros: según el monto de la inversión será la cantidad de puestos de trabajo que se requiera. Y como todos los años se incorporan nuevos brazos a la demanda laboral, en forma anual deberá invertirse una cifra dada, sin cuyo concurso la brecha entre demanda de trabajo y oferta de puestos se irá ensanchando, con grave perturbación social.

En nuestro país se había descendido hasta niveles insospechados, y el crecimiento de los últimos años acercó la producción a los topes que tenía tiempo atrás. Hasta es posible que en algunos rubros los hubiera superado. Pero la pregunta del millón es: ¿se han producido inversiones en la medida necesaria?
Según la visión corriente, las inversiones pueden tener dos orígenes: el ahorro interno y el aporte del exterior. En nuestro caso pareciera inevitable esperar que las inversiones en el campo productivo provengan del exterior, pues es una fuente menos traumática que el ahorro interno, que suele hacerse de manera forzada o por medio de tributos. El prototipo de aquel mecanismo fue el que empleó la Argentina en los últimos años del siglo XIX y principios del XX, cuando su desarrollo la colocó en un lugar envidiable en el mundo.

Más allá de la diferencia notable entre los estadistas de entonces -la visión del mundo y de la sociedad que tenían- y los actuales como para atraer inversiones, hubo otro detalle de no menor importancia: la seguridad jurídica.

La Constitución Nacional, inspirada en la norteamericana con la adaptación que propiciara Alberdi, había sido discutida y redactada en un verdadero torneo de talentos, en los que brillaron Carril, Gorostiaga, Zavalía. Cuando fue revisada por la provincia de Buenos Aires, que no había participado de la Convención de Santa Fe, lo hizo con una pléyade de intelectuales; por caso, la comisión que se ocupaba de la libertad de prensa la integraban nada menos que Sarmiento, Mitre, Mármol y Vélez Sársfield.

Por supuesto, en ese país ningún diputado a la sombra de su inmunidad parlamentaria hubiera osado tomar por la fuerza una comisaría y menos aún recibido el premio de ser secretario de Estado. Y si alguien imaginara que un funcionario de esa jerarquía se abalanzaría de manera impune y jactanciosa contra las tranqueras de una propiedad privada, habría abandonado el pensamiento por absurdo.

Es que la seguridad jurídica, imprescindible para que los capitales vengan del exterior, es algo más que leyes claras o una Justicia idónea y eficiente; la seguridad proviene de la convicción que cada uno abriga de que no será despojado de lo suyo, que sus derechos son inviolables, que no existe protección para los delincuentes y que, como diría la opinión corriente, “el que la hace, la paga”. ¿Qué clase de seguridad puede inspirar una persona que en lugar de pagar por el delito cometido es ascendido? ¿Y cuando desde el nuevo cargo reincide en su patoterismo a vista y paciencia de sus superiores?

Dentro de ese mismo terreno deben descartarse las bravatas y provocaciones, las amenazas implícitas en los dobles discursos y la nebulosa sobre el futuro. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo podrán mantenerse las tarifas de los servicios subsidiadas o acotadas? ¿Y cómo se explica que los combustibles cuesten en nuestras estaciones de servicio la mitad de lo que debe pagarse por ellos en los países vecinos?

Hasta el más desprevenido dudaría de nuestra seguridad y desearía saber qué ocurrirá el día después, aquel que Pellegrini señalaba como la fecha clave: “La verdad la tiene el que la tiene al día siguiente”.