Colombia: seguro social en crisis

Por Hernando Salazar
BBC Mundo

Bogotá – El estatal Instituto de los Seguros Sociales (ISS) de Colombia está en el ojo del huracán, debido a sus problemas financieros, que repercuten en la calidad de sus servicios, especialmente en los de salud.

La alarma creció a raíz de la liquidación de una de las siete empresas que creó hace tres años el gobierno del presidente Álvaro Uribe para prestarles servicios de salud a los 3 millones de afiliados del Seguro Social.

Entre mediados de 2003 y 2006, el Seguro Social tenía la obligación de contratar los servicios médicos con Empresas Sociales del Estado (ESE), que nacieron bajo la dirección del Ministerio de la Seguridad Social cuando el gobierno decidió quitarle al ISS el manejo de unos 220 centros médicos del país.

Sin embargo, varias de las ESEs entraron en crisis. Una de ellas, la «José Prudencio Padilla» -que cubría a 398.000 afiliados de la Costa Atlántica- fue víctima de una liquidación que las autoridades aseguran era indispensable.

Sin embargo, el presidente del sindicato de trabajadores del Seguro Social, Saúl Peña, declaró a la BBC que «es un paso más hacia la privatización total de la seguridad social».
El gobierno lo niega. «Aquí nadie está hablando de privatizar el aseguramiento público, sino de buscar sostenibilidad, competitividad y calidad en el servicio», afirmó el ministro de la Protección Social, Diego Palacio.

Decisión

El gerente del área de salud del Seguro Social, Jairo Reinales, le dijo a la BBC que, como aseguradora pública, ellos tienen «la obligación de garantizarle la atención a los afiliados. Mientras tengamos hospitales públicos solventes, con ellos contratamos. Así lo hemos hecho con varios en la Costa Atlántica».

Palacio admite que había «enorme preocupación» por la calidad del servicio en algunas clínicas de la ESE liquidada y que además se habían detectado problemas en la administración. «Por eso se tomó la decisión», dice.

Peña acusa al gobierno de haber «abandonado» varios centros y clínicas de las ESEs y de haberles dado el manejo de esas empresas a reconocidos políticos de las regiones.
Reinales, por su parte, cree que «no hubo claridad en el rol empresarial que debían desempeñar las ESEs. No hubo competitividad, ni crecimiento frente a la demanda, porque tenían un comprador cautivo, que era el Seguro Social».

Peña propuso que el Seguro Social vuelva a manejar directamente las 37 clínicas y los 240 centros de atención que pasaron a manos de las ESEs en 2003.

Pero esa propuesta del presidente del sindicato no ha tenido eco, entre otras cosas porque antes de 2003 -cuando hubo la última reforma del Seguro- también había muchas quejas por la calidad de los servicios.

El dirigente sindical añade que parte de la crisis financiera del Seguro se debe también a que un fondo que administra el Ministerio de la Protección Social, conocido como el Fosyga, es uno de sus principales deudores, pues no le da al ISS todo el dinero que debería darle por la atención de pacientes.

El viceministro de Salud, Eduardo Alvarado, reveló recientemente que una cuarta parte de los dineros que el Seguro recibe del Fosyga (aproximadamente unos US$500 millones al año) están siendo invertidos en el pago de pensiones de empleados, gracias a un pacto colectivo de trabajo calificado como «oneroso» por el gobierno.

Reputación

No obstante las quejas de los usuarios por la demora en la asignación de citas, por la calidad de la atención y por las deficiencias en la entrega de medicamentos, el Seguro Social tiene muy buena reputación por sus servicios a pacientes con enfermedades de alto costo.

En medio de la competencia con otros operadores, el ISS ha terminado atendiendo pacientes que tienen problemas para ser aceptados por las empresas privadas de salud que le compiten desde 1993.
Y esa es una pesada carga económica, porque también depende de los reintegros que le haga el Fosyga.

A raíz de la liquidación de la ESE de la Costa Atlántica, el Seguro Social suscribió 32 contratos con clínicas y hospitales públicos y privados.

Sin fondos suficientes

La alarma creció también a partir del anuncio oficial de que faltan unos US$170 millones para cubrir los compromisos del Seguro Social -que también atiende pensiones y riesgos profesionales- hasta el final del año.

El gobierno ha lanzado mensajes que pretenden calmar las aguas. Ya se anunció que se están haciendo gestiones con el Ministerio de Hacienda para cubrir el déficit del Seguro Social y que se están estudiando medidas estructurales para superar los problemas de la entidad, como una reforma a la ley de seguridad social, que en 1993 creó los fondos privados de pensiones y las empresas prestadoras de salud.
El ministro Palacio ha dicho que «no va a haber suspensión, ni demoras en el pago por la prestación de servicios a los nuevos operadores».

Peña no es tan optimista y prevé que después de un mes comenzarán los problemas en la Costa Atlántica con la prestación del servicio a los usuarios, «cuando comiencen los retrasos en los pagos a los nuevos operadores».

Reinales le dijo a la BBC que el Seguro Social se está ahorrando mensualmente unos US$375.000 bajo la nueva modalidad adoptada en la Costa Atlántica.

En Bogotá se rumora que hay otras dos ESEs que están en problemas y que podrían ser liquidadas. Pero el gobierno no ha confirmado esas versiones.

Por ahora, lo que existe es una gran expectativa por las fórmulas que presente el gobierno para darle una solución estructural al Seguro Social.