Argentina: La muerte de la política exterior

Por Carlos Escudé
La Nación

Toda aproximación al conflicto de las papeleras de Fray Bentos debe partir de un dato de orden interno que condiciona fuertemente la política externa: que desde la crisis de diciembre de 2001 la Argentina vive una crisis de gobernabilidad latente, pero permanente. A partir de entonces, todo aspirante a ocupar el sillón de Rivadavia sabe que puede ser derrocado por un golpe de Estado civil similar a los que expulsaron de la presidencia a Fernando de la Rúa y Adolfo Rodríguez Saá, perpetrados por hordas del conurbano bonaerense manipuladas por caudillejos políticos. El dato central es que las organizaciones populares han heredado el poder de veto parcial que entre 1930 y 1983 ejercieron los militares. Durante medio siglo, ellos fueron una suerte de institución subterránea que nunca figuró en la Constitución, pero que constituyó un mecanismo sin el cual no se puede entender el funcionamiento político de la Argentina de entonces.

A su vez, el crecimiento del poder popular que hizo posible esta paradójica herencia está vinculado con el crecimiento de la pobreza en la Argentina. Yo nací en un país que tenía un 10% de pobres y que medio siglo más tarde llegó a albergar a un 50%. Esta regresión desmesurada, que no tiene paralelos en el mundo, engendró organizaciones populares que a lo largo de las décadas fueron ganando espacios de poder, auxiliadas por el juego de suma cero de la política argentina.

Alfonsín apañó las usurpaciones de tierras en La Matanza porque si las hubiera reprimido sus adversarios justicialistas habrían salido gananciosos. Luego pagó el pato cuando las organizaciones así nacidas contribuyeron a los saqueos de 1989, que lo obligaron a entregar el poder en forma adelantada. Por motivos similares, Menem tampoco reprimió a estas organizaciones, que durante su gobierno crecieron junto con el desempleo masivo, adoptando la metodología extorsiva y exitosa del piquete. Durante el gobierno de la Alianza, el gobernador de Buenos Aires Carlos Ruckauf alentó a los piqueteros para que debilitaran al gobierno nacional, a la vez que De la Rúa contraatacaba adjudicando a esas organizaciones el carácter de ONG. Finalmente, Duhalde aceleró el llamado a elecciones porque en un acto represivo murieron dos piqueteros.

Néstor Kirchner sabe que toda represión de organizaciones populares de naturaleza tan diversa como los piqueteros, los ambientalistas de Entre Ríos o los revoltosos de la Federación Universitaria de Buenos Aires, puede conducir a que su gobierno siga los pasos del de la Alianza. Es por este motivo que su táctica es, casi siempre, no reprimir. A la vez, continuando con el juego de suma cero, la oposición lo ha urgido a usar el poder de policía que legalmente corresponda para reprimir a sediciosos. Demandan estas acciones con la secreta ilusión de que por seguir este consejo al día siguiente el Gobierno se encuentre con que la mitad de los piqueteros del país ha ganado la calle para protestar contra el autoritarismo oficial. Si así ocurriera, la oposición habría ganado y el país habría perdido, porque el resurgimiento de la inestabilidad y sus ciclos perniciosos no han sido nunca para beneficio del interés general.

Pero mal que les pese a los opositores, el Gobierno es demasiado sagaz para proceder de ese modo. Es por eso que no reprimió en Entre Ríos, permitiendo que los ambientalistas usurparan una dimensión de la política exterior argentina, produciendo una disrupción en el comercio del Cono Sur (la vía marítima reemplazó a la terrestre en el comercio de mercancías entre Chile y Uruguay) y generando una grave crisis en el Mercosur.

Finalmente, para acotar estos efectos perversos y terminar con el bloqueo de los asambleístas, el Gobierno demandó, contra toda esperanza, una medida cautelar a la Corte de La Haya. Lo hizo más para calmar los ánimos de nuestros compatriotas que con la esperanza de ganar en los tribunales. Usó la diplomacia con los entrerrianos.

Este es el infierno que nos supimos conseguir: el sacrificio de la política exterior a la política interna y el sacrificio del largo plazo del interés nacional al corto plazo de la estabilidad de un gobierno. No es culpa exclusiva de quienes nos gobiernan ahora. Es el producto inevitable de un ciclo regresivo de décadas que concentró riqueza, multiplicó varias veces el porcentaje de nuestros pobres y engendró organizaciones populares poderosas que heredaron el poder de veto que antes fue de los militares. Un país que padece una crisis de gobernabilidad latente, pero permanente, no puede tener política exterior.

El autor es director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad del CEMA e investigador principal del Conicet. Su último libro es Festival de Licuaciones: causas y consecuencias de la pobreza en la Argentina.