La burocracia contra la iniciativa emprendedora

Por Antonio José Yánez Sánchez
El Universal

UNO DE LOS FACTORES que entorpecen la productividad es el exceso de regulaciones y trámites asociados a la actividad productiva formal. Esto es, además, determinante en el crecimiento del sector informal y del desempleo. Para nadie es un secreto que en Venezuela estos costos de transacción han sido tradicionalmente elevados, sin embargo, actualmente la gravedad del problema llega al punto de que tan sólo el primer paso de constituir y establecer legalmente una empresa puede resultar en un proceso tan engorroso que se llega a frustrar proyectos valiosos de venezolanos emprendedores.

He sido testigo de esta realidad desde finales del año pasado, cuando uno de mis estudiantes de la UCAB me preguntaba sobre los pasos a seguir para iniciar un pequeño negocio importador y comenzó a efectuarlos. El registro de la compañía e inscripción en el Seniat no fue un problema, el problema se produjo cuando se empezó a tramitar la inscripción y solvencia en organismos como el Seguro Social, el INCE, Conavi y el Ministerio del Trabajo; todos estos, requisitos previamente necesarios para la inscripción en Cadivi y para la obtención de divisas. La ineficiencia y excesiva burocracia en estos organismos ha impedido a este joven completar los trámites para arrancar operaciones luego de ocho meses de gestiones. Un período de ocho meses para montar un negocio es simplemente un absurdo.

La inversión necesaria para iniciar una pequeña empresa en estas condiciones es probablemente lo suficiente para desistir de la idea o para comenzarla mal. Recordemos además que para cada trámite se requiere demostrar que se cuenta al menos con una dirección fiscal, un número de teléfono, incluso al menos un empleado; por lo cual, un retraso así puede implicar el pago de alquileres, intereses, patente, condominio, teléfono y hasta salarios por muchos meses sin la capacidad de producir un centavo.

Con eso llegamos a la pregunta clave. ¿Quién puede cubrir un gasto de esta naturaleza?, ¿el empresario que ya tiene riqueza acumulada o el joven emprendedor que no cuenta con recursos abundantes? Siendo la respuesta obvia, observamos entonces cómo, gracias a la negligencia en optimizar estos procesos de tramitación, el país pierde la oportunidad de que se inviertan cientos de millones en iniciativas privadas y que personas como mi alumno generen empleo en vez de buscar alguien que les ofrezca uno o tomar la ruta de la informalidad.

El discurso oficial presume de un supuesto interés por apoyar la actividad empresarial, especialmente la de unidades productivas pequeñas, pero en la práctica se mantiene este tipo de distorsiones que son apenas la punta del iceberg de una institucionalidad que, por ignorancia, conspira contra la iniciativa emprendedora: rigideces laborales, competencia desleal, corrupción en las aduanas, inseguridad, tributos confiscatorios, entre otros. Un gobierno serio entiende que un entorno favorable a la inversión privada genera oportunidades de nuevos negocios, crea empleo y propicia la formalización de algunas actividades informales ya existentes; favoreciendo de esta manera el desarrollo económico y social del país.