EE.UU. pone límites locales a los indocumentados

Por Miriam Jordan
The Wall Street Journal

Mientras la reforma migratoria sigue estancada en el Congreso de Estados Unidos, los estados y las ciudades de todo el país están empezando a tomar el toro por las astas, adoptando medidas enérgicas contra los inmigrantes indocumentados.

Ante el temor de que los ilegales estén sobrecargando sus escuelas y hospitales y agotando las finanzas públicas, los políticos desde Massachusetts a California están redactando leyes y normativas con el fin de limitar el acceso de los indocumentados a empleos, vivienda y servicios del gobierno.

Este año, se han propuesto más de 500 leyes relacionadas con la inmigración en las legislaturas estatales y 57 de ellas han sido promulgadas en 27 estados, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales de EE.UU.

Algunas de las iniciativas locales y estatales podrían entrar en conflicto con las leyes federales y enfrentar la oposición legal de los grupos de defensa de los inmigrantes. «En definitiva, pretenden controlar la inmigración y eso es jurisdicción federal», asegura María Blanco, miembro del Comité de Abogados por los Derechos Civiles, una organización de derechos humanos en San Francisco.

A medida que más inmigrantes ilegales se aventuran más allá de sus destinos tradicionales —en la región suroeste del país y California— y se asientan en estados como Massachusetts y Georgia, las iniciativas locales contra ellos están surgiendo en pequeñas ciudades, a miles de kilómetros de la frontera entre México y EE.UU. En muchas de estas áreas el impacto de la llegada de los nuevos residentes es más obvia que en los centros urbanos o las regiones agrícolas, donde la inmigración ilegal ha sido habitual durante mucho tiempo.

A nivel estatal, los legisladores de Pensilvania dieron a conocer el mes pasado un paquete de proyectos de ley titulado La Seguridad Nacional Empieza en Casa. Las propuestas, incluyendo una que prohíbe a las agencias estatales gastar dinero público en servicios o ayudas de salud y educación para los indocumentados, serán debatidas próximamente en audiencias públicas. La iniciativa también contempla cobrarle a los países de origen de los ilegales los gastos que les representan a la policía local.

Sin embargo, algunas de las medidas ya enfrentan retos judiciales. Algunos analistas creen que los legisladores simplemente están tratando de aprovechar un tema caliente para obtener un beneficio político en un año electoral. «La inmigración es la piñata política del momento», señalaba un editorial del Post-Gazette de Pittsburg en junio.