Ecuador: ¿Nacionalizar lo nacionalizado?

El dirigente indígena, Luis Macas de la Conaie y candidato de su partido a la Presidencia de la República para el período 2007 a 2011, eufórico tras la suspensión del contrato del Gobierno con la Occidental Petroleum Company (Oxy) y la paralización del proceso de negociación del TLC, no tuvo reparos para proponer la seudonacionalización de los sectores económicos del Ecuador, empezando por el petróleo.

Parece ser que este dirigente del 8,5% de su núcleo de indígenas no vive la realidad y tampoco se ha enterado de que, con el eufemismo de democracia, en este país está casi todo nacionalizado o totalizado por los grupos de poder que hay dentro del Gobierno. Más bien debería argüirse que hay que privatizar para buscar eficiencia y rentabilidad. La burocracia, los sindicatos y demás grupillos controlan los principales sectores de la economía ecuatoriana en nombre del Gobierno, claro está.

Toda esta trama, tejida alrededor de las principales instituciones del Estado, equivale a una nacionalización, pues ellos, desde del Estado, controlan todos los sectores. ¿Cuál ha sido el resultado de esta nacionalización encubierta? Despilfarro de recursos, corrupción, mala administración y lentitud en toda clase de trámites, con sus consecuentes rémoras y abusos por parte de las autoridades gubernamentales.

Analicemos, una a una, las principales instituciones del Estado nacionalizadas, dominadas por grupillos incompetentes que absorben las principales fuentes de ingresos del país y le hacen perder miles de millones de dólares:

Aduanas:

El Estado, el Gobierno, las controla totalmente. Varias veces se ha publicado en la prensa que por contrabando se pierden alrededor de USD 2.000 millones anuales.
Petróleo:

Petroecuador tiene alrededor de 4.500 trabajadores, incluyendo los de Petroproducción y Petrocomercial. ¿Para qué tantas instituciones? La respuesta es: para justificar la burocracia y la nacionalización. Sin embargo, su ineficiencia es bien conocida. Su producción ha bajado, desde hace unos años, de 300.000 barriles diarios a menos de 200.000. ¿Cuántos millones de dólares perdemos los ecuatorianos por la baja de la producción? Aproximadamente unos USD 1.460 anuales (100.000 promedio de USD 40,00 X 365). Y, mientras la Oxy tenía 318 trabajadores para producir diariamente 101.000 barriles, su homóloga, Petroproducción, tiene 1.500, para producir 197.000 barriles.

Electricidad:

Está controlada por el Estado, por los municipios y por el famoso Fondo de Solidaridad (organismo que aparentemente se creó para centralizar la gestión, los recursos e invertir en el sector social). Sin embargo, el Fondo de Solidaridad no puede controlar las fugas, los escapes del uso de electricidad. Este organismo no sabe ni llevar una contabilidad eficiente, verbigracia: según declaraciones del presidente del Fondo, en una fecha mencionó, que las deudas de las eléctricas sumaban, USD 93,1 millones.

Posteriormente, se desdijo y anunció que llegaban a USD 271,6 millones. ¿Cuál es la deuda correcta? ¿USD 1.300 millones? Entre las deudoras se encuentran: Manabí USD 116 millones, Emelgur 33,7, Los Ríos USD 33,2. Un millón de empresas y particulares son deudores y, entre estas, 1.753 entidades públicas. Hasta la iglesia evangélica consta entre los morosos.

Telecomunicaciones:

También en este sector existen varias empresas de control: Superintendencia de Telecomunicaciones, Senatel, Conatel, ¿Por qué tantas empresas? Una vez más, para mantener la nacionalización con una burocracia ociosa, costosa e ineficiente. Luego, tres oligopolios dominan las telecomunicaciones fijas: Andinatel. Pacifictel y Etapa. De las tres empresas, Andinatel gana (pero no lo suficiente, claro, en salarios gasta USD 40 millones.

Pacifictel ya parece que empieza a ganar aunque no presenta balances desde el 2004. Se calcula que sólo Andinatel pierde unos USD 120 millones anuales por el BY PASS y, en una reunión de telecomunicaciones que se celebró hace unos meses en Grecia, se mencionó que el total de las pérdidas de las dos empresas llegaba a los USD 240 millones. Existen programas antifraude en el mercado; pero no se compran. ¿Por qué? Porque el Gobierno, con sus tentáculos, no quiere que se desnacionalicen las telecomunicaciones. Más aún: estas empresas no sólo son ineficientes, sino que detienen el desarrollo de las telecomunicaciones.

Y, como corolario de este sombrío panorama y del eufemismo del libre mercado, según datos de “El Comercio” de 15 de mayo, entre el año 2000 y el 2006, se diluyeron alrededor de USD 10.500 millones por ingresos provenientes del sector petrolero. Una gran parte de estos ingresos sirvió para salarios burocráticos. Así, el aumento de los gastos en personal del sector público pasó de USD 159,7 millones a USD 607,8 entre el 2000 y el 2005…

A la vista de esta realidad, ¿qué desea el candidato indígena nacionalizar? No hay nada más que nacionalizar.