Populismo y economía

Por Carlos Rodriguez Braun
ABC

En los últimos tiempos varios presidentes latinoamericanos han sido objeto de justificadas críticas por su populismo, en especial Hugo Chávez, Evo Morales y Néstor Kirchner. Si evocamos los ingredientes económicos de estos mandatarios, podremos obtener un interesante panorama que obligará a incluir otro as en tan escasamente recomendable baraja.

El populismo económico hostiga la libertad de los ciudadanos en sus transacciones y contratos. Así, por ejemplo, y por hablar sólo de intereses españoles: los propietarios de tierras expropiadas en Venezuela; Repsol y sus contratos anulados en Bolivia; y Aguas de Barcelona, a la que Néstor Kirchner ahogó con las tarifas y acorraló con una campaña mendaz, acusándola de envenenar a los bonaerenses, hasta obligarla a tirar la toalla.

En todos los casos, los déspotas avasallaron la propiedad y los contratos con argumentos que remitían al pueblo agredido: porque hay personas sin tierra en Venezuela, por los derechos de los bolivianos sobre los recursos naturales, y los de los argentinos al agua potable. La política endiosa al pueblo, pero el resultado son libertades ciudadanas conculcadas mediante el uso alternativo del derecho: los gobiernos populistas latinoamericanos atacaron la libertad y la propiedad desde la ley.

¿Qué diferencia hay entre lo descrito hasta aquí y la ley de igualdad en las empresas promovida por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero?

Se trata de violar la libertad de los ciudadanos en sus empresas. Acertadamente editorializó ABC contra el «criterio ideológico rancio y trasnochado…exceso de intervencionismo del Estado, incluso con algún resabio totalitario…incompatible con los principios básicos de la democracia representativa…la interferencia del Estado en el funcionamiento de las empresas es particularmente criticable». Las mismas palabras valdrían, y de hecho han valido en muchas tribunas, para condenar el maltrato a intereses españoles por los populistas del otro lado del mar.

Los ciudadanos y las ciudadanas no podrán elegir cuántas mujeres contratar, o nombrar en los consejos de administración de sus empresas, porque lo decidirán las autoridades. La señora María Teresa Fernández de la Vega dijo que se trata de «un paso de gigante». Sin duda lo es, un paso en el secuestro populista de la libertad. Como siempre, los totalitarios no respetan la lógica, con lo cual todo es posible. Aseguró el ministro de trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, prodigio de demagogia: «No es una ley coactiva», lo que resulta asombroso, y a continuación aclaró: «pero habrá sanciones a la discriminación». Y aún pensamos que los populistas son sólo latinoamericanos.