Francia no funciona

Por Brigitte Granville
El Expreso de Guayaquil

El malestar crónico de Francia está signado por explosiones periódicas de protesta. Los dos episodios más recientes -los disturbios e incendios en las ciudades francesas en el pasado otoño y la exitosa campaña estudiantil a principios de este año contra una nueva ley que regía las postulaciones de los jóvenes al mercado laboral- parecen tener poco en común.

Sin embargo, su hilo conductor es la juventud, el desempleo y la incertidumbre sobre el futuro, así como el sofocante paternalismo estatal que es la base del malestar más generalizado.
Tomemos, por ejemplo, el objetivo deseable de la seguridad laboral.

Los gobiernos franceses han intentado alcanzar esta meta de la única manera que conocen: una mayor regulación. No sorprende, entonces, que las reglas que dificultan el despido de trabajadores establecidos disuadan a los empleadores de contratar trabajadores nuevos. Quienes están adentro gozan de protecciones generosas, mientras que las barreras de ingreso para los millones que quedan afuera son infranqueables.

En consecuencia, esta década el desempleo está promediando el 10% y no bajó del 8% en 20 años. Y si bien el nivel general de desempleo se mantuvo estable -aunque a un nivel sorprendentemente elevado- la tasa de desempleo entre los hombres jóvenes (en el grupo comprendido entre 16 y 24 años) saltó del 15,3% en 1990 al 21,4% en 2005.

El paternalismo benévolo de Francia también castiga a los jóvenes más allá del mercado laboral. En los papeles, la redistribución de la riqueza a través de mayores impuestos y transferencias estatales, que reflejan los ideales republicanos de igualdad y cohesión social (fraternidad), aportaron buenos resultados.

A diferencia de la mayoría de los otros países pertenecientes a la OCDE, donde las desigualdades aumentaron en los últimos 30 años, en Francia la desigualdad de ingresos antes de aplicarse los impuestos disminuyó levemente o, en el peor de los casos, se mantuvo estable, entre 1970 y 2000.

Sin embargo, esta estabilidad esconde cambios en la distribución de los ingresos que favorecieron a la gente de más edad. Quienes estaban próximos a la edad de jubilarse (51-65 años) percibieron un incremento del 3% en su porción de los ingresos totales en los últimos diez años; mientras que los grupos más jóvenes, especialmente entre los 18 y los 25 años, perdieron terreno ya que su porción de los ingresos cayó el 5%.

En 1995, la pobreza relativa aumentaba marcadamente entre los adultos jóvenes, mientras que, entre la gente de edad avanzada, se producía la tendencia contraria. En 1970, una cuarta parte de todos los jubilados vivía en la pobreza; hoy, esa cifra asciende apenas al 4%.

La principal causa de pobreza es el desempleo y la mejor protección contra el desempleo es el ingreso por trabajo, que ni siquiera los generosos pagos de seguridad social de Francia logran sustituir de manera adecuada.

Es más, los elevados impuestos sobre la nómina salarial que se necesitan para financiar estos beneficios constituyen otro factor de disuasión a la hora de contratar personal, al igual que un salario mínimo elevado, que tiende a valuar la mano de obra no calificada por encima de su potencial productividad.

El subsidio relativamente generoso y la perspectiva de impuestos elevados una vez conseguido un empleo no hacen más que reducir el incentivo para aceptar empleos de salario reducido. En consecuencia, el 40% de todas las transferencias recae en gente pobre pero sana en edad de trabajar.

La magnitud de la patología del sistema francés se vuelve plenamente evidente a la luz de los intentos de reforma de los sucesivos gobiernos, donde la norma fueron medidas graduales que, en términos generales, resultaron contraproducentes o definitivamente fallidas. Los aumentos del salario mínimo, por ejemplo, contrarrestan los créditos sobre impuestos al salario y los menores impuestos sobre la nómina salarial destinados a fomentar el empleo entre los jóvenes. La premisa tácita es que no debe haber perdedores, ni siquiera en el corto plazo.

La respuesta lógica sería reducir por igual el grado de seguridad laboral de toda la fuerza laboral. Pero ningún gobierno francés en las últimas décadas fue, ni remotamente, lo suficientemente fuerte como para resistir la oposición a cualquier reducción de los privilegios establecidos, que muchas veces implica una acción ilegal que no recibe castigo.

Quizá la única salida para el atolladero en el que se encuentra Francia actualmente sea la no menos tradicional vía francesa de la revolución. Según esta postura, el sistema es irreformable y el verdadero cambio solo será posible después de que finalmente colapse, talvez como consecuencia de una debilidad fiscal, ya que la combinación de transferencias financiadas por el déficit, bajo crecimiento y escasa participación en el mercado laboral puede resultar insostenible. Después de todo, no importa cuáles hayan sido las causas más profundas de la Revolución Francesa de 1789, el disparador inmediato fue la crisis de las finanzas públicas.

Las tensiones sociales originadas por un alto nivel de desempleo -especialmente entre los jóvenes- pueden forzar un cambio decisivo incluso antes de cualquier crisis fiscal. Pero el progreso evolutivo siempre es preferible al levantamiento revolucionario y, a pesar de todas las dificultades de una reforma incremental genuina, las perspectivas no son absolutamente desesperanzadas.

Esto resulta evidente a partir de la extraordinaria experiencia reciente de “Sciences Po”, una de las grandes escuelas de elite en el centro de París.

El sistema de admisión ostensiblemente meritocrático y competitivo a las grandes escuelas, en realidad, está monopolizado por los socialmente privilegiados, que representan el 81% de los estudiantes admitidos en Sciences Po en 1998 (comparado con el 60%, aproximadamente, de los estudiantes de Oxford y Cambridge que provienen de escuelas privadas pagas).

La autora es Profesora de Economía Internacional y Política Económica en la Escuela de Negocios y Gestión, Queen Mary, de la Universidad de Londres.