Argentina: La carga fiscal medida respecto de los salarios

La Nación

Un estudio muestra que el Estado se lleva en un año, del dinero percibido por un empleado, el equivalente del ingreso recibido hasta hoy; eso sin contar los aportes jubilatorios y la obra social.

Desde mañana, trabajo para mí

“A partir de mañana empezaré a disponer de mis ingresos laborales…” Esa frase bien podría sumarse, al menos por hoy, 14 de mayo, a los versos de aquella canción que popularizó años atrás Alberto Cortez, el cantante que se proponía empezar a rodar por mejores caminos… “a partir de mañana”. Es que, para un empleado promedio que trabaja y consume dentro de la economía formal en la Argentina, el dinero que cada año le quita el Estado por los diferentes impuestos es equivalente al monto del ingreso que recibe por su trabajo realizado, exactamente, hasta el día de hoy.

Visto de otra manera: mañana, lunes 15 de mayo, será un día para andar con una sonrisa. Es la fecha desde la cual se deja (simbólicamente) de trabajar para pagar impuestos y se comienzan a desarrollar las tareas para disponer libremente de lo ganado. Para acompañar semejante momento de inflexión, el pronóstico meteorológico anuncia un día de sol espléndido.

La conclusión enunciada en los párrafos anteriores surge de un análisis elaborado por la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade) sobre “La presión fiscal en la Argentina y la libre disponibilidad de los ingresos”.

La investigación determina, a través de un complejo cálculo, que, en promedio, un 36,84% del salario bruto (antes de descuentos) de un empleado va al pago de impuestos, a veces sin que esa derivación de fondos al fisco sea visible. El índice presenta una amplitud que va del 27,5% para quien tiene un sueldo mensual de $ 840 (y cobra $ 730 de bolsillo) al 52,16% en el ejemplo de quien percibe en bruto $ 29.700 (y cobra un neto de $ 20.000). En el primer caso se trata, irónicamente, de una persona que –junto a su mujer y sus dos hijos pequeños– vive en la pobreza, ya que, según datos oficiales, se necesitan por lo menos $ 857 para que un hogar de cuatro personas se salve de estar en esa condición social.

La carga fiscal incluye, además de tributos directos, los impuestos que pesan sobre los procesos de producción de bienes y servicios, y que se trasladan a los precios finales. Y también otros conceptos, como tasas que cobra el Estado a través de boletas de servicios públicos.

Los porcentajes mencionados no incluyen los descuentos salariales para financiar el sistema jubilatorio, la obra social y el PAMI, del 7, el 3 y otro 3%, respectivamente (suponiendo que se trata de un afiliado a una AFJP, ya que si aporta a reparto se le descuenta un 11%). Si se suman esos aportes, la carga total resulta del 45,55% promedio, con un mínimo del 40,5% para el sueldo más bajo entre los analizados por Eseade, y un máximo del 54,26%, en el caso de quien más gana.

Considerando también esos descuentos, no alcanzará con trabajar hasta hoy para terminar de pagar la carga total, sino que estarán afectados al fisco y al sistema de seguridad social los ingresos por el trabajo realizado hasta el 15 de junio.

El aporte jubilatorio es considerado un ingreso diferido, ya que permite obtener un ingreso mensual en la etapa pasiva de la vida. Pero claro: en función de la percepción que se tenga respecto de cómo será ese beneficio, varía la sensación que experimenta un trabajador al contribuir. Eso depende de la reflexión de cada uno, aunque influye ver situaciones como la de buena parte de los jubilados actuales, a quienes desde junio se les dará una leve recomposición de sus ingresos, luego de un congelamiento de más de una década y tras una significativa alza de precios y salarios en el último lustro, sin contar hechos como la frecuente determinación incorrecta del haber de inicio.

En el caso del aporte para la salud, la percepción del servicio recibido a cambio es más inmediata, ya que se trata de recursos para la obra social o a veces, vía triangulación, para el plan de una medicina prepaga.

Ahora bien, al margen de esos aportes salariales que pueden considerarse cargas no impositivas, ¿cómo se llega en el estudio de Eseade a calcular el peso de ser sostén del Estado, más allá de la idea que cada uno tiene respecto de las contraprestaciones que éste es capaz de brindar a cambio?

Según explicó a LA NACION el abogado Christian Bunge, quien dirigió la investigación, el trabajo se propuso el objetivo de plantear un cálculo «realista» respecto del peso de los impuestos para quienes pagan. Existe un dato que indica que los recursos recaudados por el Estado representan un 26% del producto bruto: «Si uno mira ese índice, se lleva una impresión equivocada de la presión fiscal».

Un cálculo realista

¿Por qué esa observación? Básicamente, porque esa recaudación es la que se obtiene a partir de la convivencia de las alícuotas actuales con un elevado nivel de evasión, tanto de empresas como de personas (muchas de las cuales, vale aclararlo, están al margen del sistema por la imposibilidad material de estar incluidos). Eso provoca que mientras muchos no contribuyen con nada o lo hacen con muy poco, hay otros que deben pagar tasas más altas respecto de las que existirían con un mejor nivel de cumplimiento.

El informe del centro de estudios supone, para los casos analizados, que las personas cobran la totalidad de sus ingresos en blanco y que consumen todo en locales de empresas que cumplen con todas sus obligaciones. Es decir: son un 100% formales.

En la vida real, existen esos casos pero también existe una amplia variedad de «grises» en el universo de contribuyentes. Un estudio del año pasado del Ieral, la consultora de la Fundación Mediterránea, indicaba que un ciudadano que paga el 100% de las imposiciones que le corresponden, tributa el doble que lo abonado por el «contribuyente medio».

Volviendo al informe de Eseade: para elaborar el cálculo se comenzó por definir, para cada rango salarial (se incluyeron seis ejemplos), una canasta diferenciada de consumo, que incluye desde el zapallo y los huevos comprados en el mes, hasta el desodorante y el jabón, pasando por los gastos del colegio de los chicos, la ropa, los servicios públicos, las expensas, los gastos médicos, diarios y revistas, y la patente del auto, entre muchos otros ítem.

Las canastas fueron armadas, para cada caso, previa definición del grupo familiar de cada empleado y tras describir sus hábitos generales de vida. Se supuso que todos viven en la ciudad de Buenos Aires.

Paralelamente, se analizaron balances de supermercados y de otras empresas que venden o prestan servicios «como bancos o cadenas de electrodomésticos, entre otras», según explicó Horacio Curien, responsable de Gestión Fiscal del BBVA Banco Francés, que coordinó el trabajo de investigación. El objetivo de mirar esos números contables fue determinar cuánta carga tributaria está trasladada a los precios finales de los productos.

En ese cuadro de datos se consideró no sólo el IVA aplicado a los bienes, sino también la incidencia del traslado del impuesto a los Ingresos Brutos, de las cargas sociales por los empleados y del tributo sobre los débitos y créditos bancarios, conocido como impuesto al cheque.

Una primera conclusión es que, suponiendo que las compras de alimentos y artículos de tocador o limpieza se realizan en supermercados, el peso de lo derivado al fisco por esos consumos es de entre el 2,6 y el 8,5% del salario de bolsillo.

La variación del porcentaje tiene que ver con el nivel salarial. Lógicamente, quienes tienen ingresos más bajos derivan una mayor proporción a consumos básicos, como la alimentación y, por tanto, el peso de los tributos es mayor, al menos en este capítulo. Sin embargo, como se detallará más adelante (pero vale anticiparlo), la carga impositiva total es mayor para los sueldos más elevados, básicamente por la estructura del impuesto a las ganancias.

A los tributos que se pasean en el changuito del supermercado, se suman las cargas trasladadas a los precios en el caso de bienes y servicios obtenidos de todos los demás proveedores. Aquí, se observó que el peso de lo que se deriva al fisco ronda el 20% de los sueldos netos.

Por último, se estimó cuánto de impuestos está ya incluido en el valor de un producto desde la etapa anterior en la cadena de comercialización de los productos (antes de que lleguen al proveedor del consumidor). En este paso se encontró que la carga fiscal sobre el salario de bolsillo de quien finalmente compra es de entre el 0,5 y cerca del 2 por ciento.

Hasta aquí llegó el estudio sobre los recursos para las arcas fiscales derivados del consumo de las personas. Se tuvieron en cuenta varios conceptos que a veces se pagan sin saber o sin tomar conciencia de a qué se está contribuyendo.

«Si uno mira el desglose de una factura de electricidad o de gas, va a ver que llegan otros cargos, además del costo del servicio», advirtió Bunge. La boleta de la luz, de hecho, incluye una alícuota del 0,6% destinada a recaudar fondos para la provincia de Santa Cruz, además de una contribución municipal en la Capital Federal. Y la cuenta del gas se engruesa con pagos para sostener obras de tranporte y distribución. «A través de ese tipo de cargos, tal vez hacen partícipe al consumidor de la financiación de la termoeléctrica de la empresa tal en tal lugar; lo hacen cargo del gasto, pero no del beneficio», agregó Bunge.

La evolución del cálculo de la investigación continúa, una vez determinada la carga fiscal por consumos, con la adición de los impuestos directos a quienes corresponde pagarlos: Ganancias y Bienes Personales. Este último impuesto debe ser abonado por quienes tienen un patrimonio superior a los $ 102.300, una cifra que no tuvo actualización alguna después de la devaluación y sus efectos sobre la inflación, razón por la cual hoy el tributo debería estar alcanzando a cada vez más personas, que tal vez estén lejos de considerarse afortunadas.

Ganancias

En el caso de Ganancias, como la estimación de Eseade se hizo para 2005, no se consideraron los cambios dispuestos por el Gobierno para el ejercicio 2006. La decisión oficial, anunciada en marzo último, fue incrementar los montos que se deducen de la base sobre la que se calcula el impuesto: la consecuencia lógica es que quedan exceptuados de la carga muchos empleados que sí tuvieron que tributar el año pasado (por los ejemplos de salarios considerados en la investigación, ese punto no influiría demasiado).

Esa reforma para el ejercicio actual se traducirá en una mejora anual en los salarios de bolsillo de entre un 1 y un 3,5 por ciento. No habrá efecto, sin embargo, para quienes ganan $ 221.000 o más al año ($ 18.400 o más al mes), ya que en esta escala salarial los contribuyentes no tienen la posibilidad de aplicar las deducciones cuyos montos se modificaron (la llamada ganancia no imponible, una deducción especial y las cargas de familia).

El esquema progresivo del impuesto a las ganancias -cuanto mayor es el ingreso menos deducciones se aplican- hace que la carga final sea más fuerte para quienes más ganan.

Esa brecha se reduce cuando se consideran en la carga total los aportes a la seguridad social. Es que para calcular cuánto debe ingresarse para la jubilación y la obra social, hay un tope de $ 4800. Así, quien gana 5000, por ejemplo, contribuye con igual monto que quien percibe 20.000 pesos.