Papeleras: hacia una solución técnica

Editorial – La Nación

Desde el comienzo de la controversia pública generada por la construcción de dos plantas de pasta celulósica en la localidad uruguaya de Fray Bentos y la férrea oposición evidenciada por buena parte de la población entrerriana, señalamos que la solución del diferendo debía llegar por la vía técnica antes que por la crispación de los ánimos de unos y otros.

Días atrás, la Corporación Financiera Internacional, dependiente del Banco Mundial, hizo público un informe sobre el impacto ambiental que generarían las proyectadas plantas, elaborado por el experto canadiense Wayne Dwernychuk. El trabajo de este especialista se apoyó en la revisión de un estudio anterior del impacto ambiental acumulativo, finalizado en diciembre de 2005 y elaborado por dos consultoras internacionales independientes, pero además recogió múltiples ponencias, observaciones e inquietudes de organismos técnicos, entidades y personas que se manifestaron respecto del problema. El informe refleja objetividad y solidez. Se expide sobre todas las cuestiones planteadas y en los puntos en donde se requiere mayor información para emitir una conclusión terminante, solicita profundizar los estudios.

Una primera conclusión es que “los comentarios que expresan temor de que las plantas causarán un daño ambiental catastrófico no están fundamentados, son irrazonables e ignoran la experiencia de muchas otras plantas modernas de blanqueo de pulpa de tipo kraft. Sin embargo, algunos comentarios que sugieren la mejora de ciertos aspectos del diseño de las plantas, definición de procedimientos operativos y monitoreo de las descargas al ambiente son válidas y merecen implementación”.

Siguiendo éstas y otras afirmaciones del informe resulta claro que debe descartarse el abandono de los proyectos o su relocalización a otro sitio, pero que deben profundizarse algunos estudios e imstrumentarse algunas mejoras. En ningún caso Dwernychuk considera que esas mejoras no sean compatibles con los proyectos en construcción. Si de los análisis más pormenorizados surgiera la necesidad de lograr mayor seguridad en el cumplimiento de alguna de las exigencias ambientales, esto podrá resolverse con cambios o adiciones sobre la marcha de la ejecución de las plantas, sin necesidad de detener las obras.

Varias de las observaciones del informe se refieren a la falta de información detallada de ciertos parámetros técnicos que, de disponerse, podrían despejar la duda técnica planteada. En esta línea, el experto critica también el escaso esfuerzo informativo de las empresas hacia la población, lo cual fue causa de temores y reacciones sobredimensionadas. Una cuidadosa lectura tanto del Informe de Impacto Ambiental Acumulativo de diciembre de 2005 como del Informe Dwernychuk, seguramente, pondrán en claro la falta de justificación de los intensos temores colectivos que han motorizado tan graves reacciones de los habitantes entrerrianos.

El eje de la cuestión planteada pasa por profundizar los estudios en los puntos especificados, por introducir las mejoras de operación que hagan falta, pero fundamentalmente, por acordar un programa de monitoreo permanente de la operación de las plantas. Los gobiernos argentino y uruguayo deben diseñar ese programa y ponerlo en práctica para que esté operando en la puesta en marcha de las plantas. Dentro de los tratados vigentes, el gobierno argentino tiene que contar con todas las atribuciones y garantías que aseguren el cumplimiento de los estándares de funcionamiento y la corrección de los desvíos si los hubiera.

El Informe Dwernychuk constituye una pieza valiosa para encaminar correctamente la solución de este diferendo. Por la parte uruguaya, queda claro que hay deberes que hacer para que no subsistan dudas ni riesgos ambientales y que debe hacerse un esfuerzo grande de información hacia la población de ambos países. Por la parte argentina, deberá trabajarse en asegurar un programa de monitoreo permanente durante el funcionamiento de las plantas y que se comprometan los procedimientos obligatorios e irrecurribles de corrección de cualquier desvío. Las empresas, por su parte, deberán colaborar en aportar toda la información, facilitar los estudios adicionales, introducir las mejoras que sean necesarias y montar los dispositivos de monitoreo. La población de Gualeguaychú, finalmente, deberá informarse en profundidad de todos los estudios y documentos ya elaborados, y poner atención en los pasos que los demás protagonistas deben desarrollar para disipar totalmente los riesgos de contaminación; sobre esta base deberá superar sus temores y dejar sin efecto los cortes de rutas y puentes, que sólo implican ilegalidad y daño a las comunidades de dos países que deben resolver esta cuestión como hermanos.

Es de esperar que las gestiones de los obispos argentinos y uruguayos puedan encarrilar el diálogo que no han sabido o no han querido mantener las autoridades de ambos países, con el fin de alcanzar una salida equilibrada a una cuestión que en modo alguno puede tirar por la borda tantos años de cooperación y fraternal relación.