La Corte Suprema etadounidense rechaza el caso de Padilla

La Opinión

Permanece encarcelado desde hace más de tres años bajo sospecha de terrorismo

WASHINGTON, D.C., (EFE).— La Suprema Corte dio ayer una victoria al presidente George W. Bush en su pugna por defender los poderes extraordinarios que ha asumido para combatir el terrorismo, con su negativa a aceptar el recurso de un ex “combatiente enemigo”.

Con la salida del Supremo del caso, la administración ha evitado un dictamen sobre si Bush tiene poder para encarcelar a estadounidenses sin cargos y acceso a abogados o a los tribunales, como hizo durante más de tres años con José Padilla, un supuesto terrorista nacido en Nueva York de padres puertorriqueños.

No obstante, esta decisión no pone punto y final al conflicto entre los poderes Ejecutivo y Judicial sobre lo que la Casa Blanca puede y no puede hacer en su guerra contra el terrorismo.

La Suprema Corte debe decidir antes de finales de junio si son constitucionales los tribunales especiales creados por el gobierno para juzgar a algunos de los detenidos en la base de Guantánamo, Cuba.

Esos tribunales funcionan al margen de la justicia civil y militar normal, ya que el Pentágono designa a los militares que actúan como jueces y a los abogados defensores, y sólo se permite recurrir la sentencia a una corte de EU, sin posibilidad de que el caso llegue a la Suprema Corte.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la Casa Blanca expandió el poder del Ejecutivo para combatir el terrorismo. Además de negar derechos fundamentales a Padilla y la protección de la Convención de Ginebra a los 490 presos de Guantánamo, ordenó escuchas a sospechosos en EU sin orden judicial, por ejemplo.

Cuatro años y medio más tarde los juzgados analizan la legalidad de esas acciones.

Los abogados de Padilla afirmaron que Bush se ha apropiado de poderes que en realidad le corresponden al Congreso y al sistema judicial, algo que no tiene precedentes y que “plantea importantes cuestiones constitucionales sobre la separación de poderes y los derechos individuales”.

El Congreso de EU ha ejercido poco control sobre el uso del poder de la Casa Blanca. No es sólo porque está dominado por los republicanos, sino porque EU sigue el derecho anglosajón, que da gran valor a las sentencias judiciales previas.

En cambio, en el derecho continental, por el que se rigen España y América Latina, lo más importante es la ley, promulgada por el parlamento.

La Suprema Corte analiza la constitucionalidad de las acciones del gobierno principalmente en base a precedentes, en los que las cortes del país interpretaron la Carta Magna.

Mientras, la administración se ha esforzado por evitar la intervención del Supremo, tanto en el caso de Padilla como de los tribunales especiales antiterroristas.

El gobierno sólo presentó cargos contra Padilla el 22 de noviembre, seis días antes de que el recurso del detenido llegase a la máxima corte del país.

Un tribunal de apelaciones dejó claro en diciembre que desconfiaba de esa acción, pues dijo que creaba la impresión de que el Ejecutivo trataba de eludir una revisión por parte de la Suprema Corte.

Pero ha sido eso justamente lo que ha pasado, pues por 6 votos a favor y 3 en contra los jueces rechazaron ayer ver la apelación de Padilla.

En nombre de la mayoría de la corte, el juez Anthony Kennedy afirmó que “el curso de los procedimientos legales” han hecho “hipotéticas, al menos por ahora”, las alegaciones de Padilla.

Kennedy señaló que sus alegaciones “presentan temas fundamentales respecto a la separación de poderes, incluyendo la consideración del papel y la función de los tribunales”, pero dijo que sería preferible dejar seguir el proceso contra él en Miami.

Padilla fue preso en mayo de 2002 en un aeropuerto de Chicago, cuando volvía de Pakistán, y encerrado en una base militar sin acceso a abogados o a un tribunal.

Entonces, la Casa Blanca dijo que Padilla formaba parte de un complot para detonar bombas con componentes radiactivos.No obstante, Padilla no ha sido acusado de eso en el proceso que se sigue contra él en Miami, sino de ser miembro de una célula terrorista que recaudaba fondos y reclutaba a personas en EU para perpetrar atentados en el extranjero.